La Municipalidad de Córdoba solicitó ante la Justicia Federal mantener la potestad de establecer cargos sobre las facturas de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (Epec) y de Aguas Cordobesas.
La presentación del intendente Daniel Passerini fundamenta el pedido en disposiciones constitucionales sobre las facultades de los municipios –artículos 121 y 122– y en cuestiones de servicios a la comunidad.
El municipio sostiene que el cargo de 9,9% sobre los servicios de Epec permiten mantener y expandir el alumbrado público, ya que, en caso contrario, se colocaría a la ciudad al borde de situaciones indeseables y de un caos social.
En cuanto a la tasa sobre los servicios de Aguas Cordobesas, la intendencia argumentó que con esos fondos se financian obras que permiten llevar agua potable a los distintos barrios del amplio ejido urbano.
Los argumentos son válidos y forman parte del amplio debate que se instaló sobre la carga tributaria que soportan las familias y las empresas, por parte de los distintos niveles del Estado.
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba) ya anunció la reducción de tributos para sus habitantes.
El tema puso en evidencia que numerosas intendencias y comunas del país cobran tasas exorbitantes para financiar, en muchos casos, una planta política numerosa y una burocracia excesiva en el primer escalón de vinculación de los vecinos con el aparato estatal.
Las argumentaciones del intendente Passerini son, por contrapartida, plausibles, aunque la oposición señaló en distintas ocasiones la existencia de una numerosa planta política y el desenfreno en los sueldos de los agentes municipales.
En no pocas situaciones, las onerosas remuneraciones del personal de la Municipalidad de Córdoba no se condicen con la calidad del servicio ni con la productividad de las tareas asignadas.
Desde el Palacio 6 de Julio no hubo una información detallada sobre la plantilla de personal existente al inicio de la actual gestión, ya sea de la planta permanente y de las otras categorías en las que revisten los contratados. Y las últimas manifestaciones del gremio municipal apuntan, en ese sentido, a la efectividad de esa plantilla.
El creciente uso de recursos para atender ese plantel y las cargas sociales obligan a la Municipalidad a la búsqueda de otros fondos para atender servicios que demanda la comunidad, como el alumbrado público y la extensión de la red de agua potable.
La estabilidad macroeconómica impone ahora una revisión minuciosa de los gastos y de los costos de los servicios, ya sea en la esfera privada, como en el ámbito de la administración pública.
A esa tarea urgente deben abocarse los distintos estamentos del aparato municipal de la ciudad de Córdoba.
Las críticas de la oposición deberán ser valoradas en lo conceptual, más allá de que sus principales representantes, cuando tuvieron la oportunidad de ejercer el gobierno municipal, incurrieron en designaciones injustificadas y en prácticas ineficaces.
La gestión de gobierno exige en la hora actual austeridad en los gastos y un alivio en la carga tributaria que sobrellevan los ciudadanos.
