El presidente Javier Milei obtuvo un respaldo contundente en las urnas, con una victoria en gran parte de las provincias e, incluso, con un triunfo inesperado en Buenos Aires, donde 50 días atrás había sufrido una dura derrota en los comicios locales.
El Gobierno emerge así con un apoyo social incuestionable, pese al estancamiento de la economía, a los escándalos de presuntos hechos de corrupción y a las internas en el oficialismo.
Ese conjunto de elementos habían desgastado la gestión oficial, aunque la tendencia comenzó a revertirse en las primeras semanas de este mes.
El cambio del ánimo social ya era perceptible en los indicadores de confianza del consumidor y de confianza en el Gobierno, según las tradicionales mediciones de la Universidad Torcuato Di Tella.
Al mismo tiempo, la economía había tenido un leve repunte en agosto, de 0,3% sobre el mes precedente en la versión desestacionalizada, de acuerdo con datos oficiales.
Ese indicador revirtió la tendencia de los tres meses anteriores, en los que se registró una caída en la actividad económica.
El respaldo de cuatro de cada 10 argentinos, con una amplia diferencia sobre el peronismo -conducido en gran parte del país por sectores afines al kirchnerismo-, constituye una enorme oportunidad para el relanzamiento de la gestión del Presidente.
Los primeros gestos de Milei tras el triunfo y la convocatoria a los gobernadores dialoguistas muestran un cambio auspicioso en el trato con la sociedad y sus representantes políticos.
Es de esperar que el respeto y la moderación se mantengan en la actitud del jefe del Estado y de sus asesores, para alentar la búsqueda de consensos a través del diálogo.
Esta premisa es básica para conducir a la Argentina a un desarrollo sustentable, cimentado en acuerdos básicos.
La intervención del presidente Donald Trump y del secretario del Tesoro, Scott Bessent, en los movimientos financieros y cambiarios, con apoyo del Fondo Monetario Internacional (FMI), tiene como condición ineludible un pacto de gobernabilidad sobre principios elementales.
Esos acuerdos deberán incluir el Presupuesto 2026 y los contenidos de las reformas impositiva y laboral, que el Gobierno y los sectores económicos han definido como imprescindibles para esta etapa.
Sin dudas que surgirá la oposición de sectores que consideran que pierden derechos o privilegios con la sanción de los nuevos instrumentos, pero el bienestar general no puede quedar supeditado a un grupo de interesados en mantener el actual estado de cosas.
Hay numerosos puntos conflictivos en esos proyectos, que se debatirán tras la composición del Congreso a partir del 10 de diciembre.
Allí quedará demostrada la capacidad del Gobierno de buscar acuerdos para poner en marcha reformas estructurales, que la sociedad demanda desde hace décadas.
El ejemplo de los países vecinos, con un menor peso económico que la Argentina, debe servir –por parte del Gobierno y de la oposición racional– para mostrar predisposición para el diálogo y para las nuevas bases de desarrollo.
La sociedad no quiere un regreso al pasado ni convivir con una decadencia permanente.
