El Gobierno nacional anunció el 24 de marzo la apertura total de la documentación relacionada con el accionar de las Fuerzas Armadas durante la última dictadura militar en la Argentina (1976-1983).
Esta iniciativa implica que los registros en manos de la Secretaría de Inteligencia del Estado (Side) sean transferidos al Archivo General de la Nación, con el objetivo de garantizar su acceso público y su adecuada preservación.
El Gobierno nacional sostiene que el decreto 4 de 2010, que obraba en similar sentido, nunca fue implementado por completo.
Asimismo, la administración comunicó la liberación de documentos vinculados con la presencia de nazis en Argentina después de la Segunda Guerra Mundial.
Según el ministro del Interior, Guillermo Francos, esta iniciativa surgió luego de que el presidente Javier Milei recibió una carta del senador Chuck Grassley, del Comité Judicial del Senado de los Estados Unidos, para que la Argentina colabore con su investigación sobre la presencia de refugiados nazis en el país.
Ambos anuncios representan una buena noticia en relación con la reconstrucción del pasado.
La divulgación de estos expedientes es esencial para el esclarecimiento histórico. El acceso a información oficial permite dilucidar acontecimientos, determinar responsabilidades y profundizar en el conocimiento de las violaciones a los derechos humanos perpetradas durante la dictadura.
Además, favorece el desarrollo de los procesos judiciales por crímenes de lesa humanidad y fortalece la memoria colectiva, elementos claves para evitar la repetición de tales atrocidades.
No obstante, en ambos casos surgen interrogantes.
Respecto de la existencia de nuevos archivos por liberar sobre la dictadura, desde 1983 la Side atendió múltiples solicitudes de apertura de documentos relacionados con la represión ilegal, que fueron utilizados en juicios por delitos de lesa humanidad.
Esto plantea la posibilidad de que gran parte de la información relevante ya haya sido revelada, lo que pone en duda la profundidad y la novedad del anuncio.
Por otra parte, el contexto actual muestra acciones gubernamentales que podrían contradecir el propósito de la iniciativa. Por ejemplo, el desmantelamiento del Equipo de Relevamiento y Análisis Documental (Erya), encargado de examinar registros de las Fuerzas Armadas durante la dictadura, por no mencionar recurrentes pronunciamientos despectivos hacia dirigentes y organismos de derechos humanos.
Y sobre los nazis en Argentina, existen varias investigaciones clave que representaron un hito en la búsqueda de la verdad histórica.
Una de ellas es La auténtica Odessa. La fuga nazi a la Argentina de Perón, de Uki Goñi, quien investigó la vasta red de agentes que trabajaron durante el peronismo original para rescatar criminales de guerra.
Y en 1997, la Daia (Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas) publicó Proyecto Testimonio, dos tomos con seis mil imágenes documentales y 400 fotografías que daban cuenta de la política oficial para trasladar refugiados nazis a la Argentina. Por otra parte, no se avanzó en la investigación de un naufragio frente al puerto de Quequén, que podría corresponder a un submarino nazi.
En conclusión, la apertura de archivos es una herramienta crucial para la reconstrucción de la memoria y la justicia. Sin embargo, es fundamental que esta decisión sea acompañada de medidas coherentes que demuestren un compromiso genuino con la verdad y los derechos humanos, para evitar que se transformen en un simple gesto simbólico sin impacto real.
