Alberto Fernández respaldó el nuevo ataque de Cristina Kirchner contra el Poder Judicial. El lunes, la vicepresidenta de la Nación publicó en su canal de YouTube un video de 14 minutos. El martes, el Presidente usó su cuenta de Twitter para reafirmar que, más allá de la eventual crítica que se pueda esgrimir contra las formas de su aliada política, el problema que ella señala existe y habría que debatirlo para encontrarle una solución.
Para la vicepresidenta, el Poder Judicial es en realidad un “partido político protector del macrismo” y, en consecuencia, se dedica a perseguir a los principales dirigentes de otras fuerzas. Sólo así ella se explica que la Corte Suprema haya rechazado todos los recursos que presentó con el objetivo de anular la “causa Vialidad”, actualmente en curso, donde está procesada por asociación ilícita y defraudación al Estado.
“Nada puede funcionar en un país si carece de un Poder Judicial que tenga legitimidad. Legitimidad que sólo se logra a partir de la credibilidad y el respeto que sobre sus decisiones tenga la ciudadanía”, expresó Cristina Kirchner.
Fernández, para subrayar cómo debe interpretarse esta afirmación, sostuvo que “nuestra Justicia está deslegitimada y necesita, de manera urgente, una reforma profunda y democrática”.
¿En qué se basan para dar por sentada la falta de legitimidad de la Justicia? ¿Qué elementos permitirían señalar que la ciudadanía no cree en la Justicia? Si han de justificarse en los perniciosos vínculos entre la política y la Justicia, pues deberían admitir que ambas partes han colaborado con ese entramado durante años y supieron beneficiarse por ello.
En nuestro país, se ha vuelto de uso corriente que, a poco de instalarse, cada gobierno designa varios operadores para tratar de manipular causas judiciales, o al menos influir sobre algunos jueces y fiscales. El kirchnerismo, como otros, lo hizo. Además, supo utilizar para sus objetivos a la Secretaría de Inteligencia (ex-Side).
Ahora bien, cuando Cristina Kirchner era presidenta, cada vez que la Justicia no fallaba como ella deseaba, en sus apariciones por cadena nacional peroraba contra los jueces y los medios, asociándolos en una fórmula que deslegitimaba a ambos: constituían el partido mediático judicial. Con los años, sobre ese discurso montó su teoría del lawfare: los juicios en su contra, nos dice la vicepresidenta, carecen de todo contenido jurídico y probatorio; tendrían, en realidad, la finalidad política de desprestigiarla ante la ciudadanía.
El trasfondo del video no es otro que la continuidad de la “causa Vialidad”. Como dijimos en su momento, lo que ha intentado evitar durante todos estos años sucederá antes de que termine 2022: un tribunal judicial dirá si es culpable o inocente. Y no hay signo alguno de lawfare, sino una masa de pruebas y testimonios de gran envergadura.
Eso explica el endurecimiento de su discurso contra el Poder Judicial en su conjunto. Ante la imposibilidad de una defensa jurídica, elige el ataque político.
En ese contexto, los comentarios del presidente Fernández para reafirmar esa estrategia no hacen más que exponer la debilidad política del jefe del Estado.
