Hace décadas que en la Argentina se discute la distribución discrecional de los aportes del Tesoro nacional (ATN) entre los 24 distritos provinciales. Un manejo sin orden ni concierto, a voluntad de la Jefatura de Gabinete de turno y según lo impongan las necesidades políticas del gobierno central. En otras palabras, a cambio de favores.
La dudosa herramienta viene siendo utilizada a iguales efectos por gobiernos de distintos cuños políticos, que han sacado buen provecho de ello en diversas circunstancias.
La maniobra más frecuente consiste en privilegiar los envíos a las provincias amigas o complacientes. De ese modo, sancionan a los mandatarios díscolos, que no tienen recurso alguno para invalidar el castigo.
Se trata de una facultad arbitraria de la que casi todas las gestiones nacionales se han valido y que nadie quiere resignar, por su enorme efecto disciplinario sobre provincias un poco o demasiado deficitarias.
Buen ejemplo de todo esto es el análisis publicado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), que revela cómo 13 provincias se repartieron en ocho meses de este año un total de $ 104.500 millones. Ello dejó como espectadores mudos a 11 distritos, entre los cuales se cuenta Córdoba.
Nuestra provincia, por si no quedó claro, no recibió en ese lapso un solo peso, pese a ser una de las que más recursos aporta al Tesoro Nacional.
Un posible remedio a esta herramienta –que vuelve a poner en discusión el país federal que en 150 años no termina de serlo– es un proyecto aprobado recientemente por ambas cámaras del Congreso de la Nación.
Su texto establece la obligación de distribuir diariamente el 1% de los recursos según las variables de la coparticipación, ley que podría ser vetada por el Ejecutivo.
Lo cierto es que resulta penoso comprobar que los sucesivos gobiernos argentinos se parecen demasiado a la hora de manejar los recursos de la Nación, como si estos les pertenecieran por derecho divino. Esta circunstancia se agrava por la tendencia a gobernar sin Presupuesto aprobado por el Congreso, tentación a la que también cedió la gestión actual, seducida como las anteriores por la posibilidad de no mostrar los números.
No son pocas las deudas que el deficitario federalismo argentino viene acumulando con los diferentes distritos del país.
Una buena manera de comenzar a subsanarlas sería la promulgación de lo que el Congreso ha aprobado para frenar discriminaciones injustificadas.
Claro que también ayudaría –no poco, por cierto– que algunos gobernadores dejaran de actuar como auténticos mendicantes y de ese modo le limitaran al Poder Ejecutivo la posibilidad de utilizar la herramienta de la discrecionalidad.
