El Gobierno nacional puso en marcha el Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos, que apunta básicamente a registrar los fondos no declarados, los cuales son llamados “dólares en el colchón”. Tales billetes fueron adquiridos en forma ilegal, según la legislación vigente en el momento de la compra.
Las autoridades entienden que ese dinero se constituyó por el abuso de normas y leyes dictadas durante las gestiones del peronismo -a partir de 2011, en el segundo mandato de Cristina Kirchner- y de Mauricio Macri, entre las etapas más significativas.
Durante ese período, rigieron serias limitaciones para la compra de dólares, que era la moneda que mejor preservaba el ahorro de los argentinos, ante la devaluación del peso.
Ahora, la primera medida fue aumentar en forma significativa los gastos que se pueden hacer a través de las tarjetas de crédito y de débito, y del retiro o depósito de fondos en los bancos, sin que tales operaciones deban ser notificadas a las autoridades fiscales.
El ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que los controles de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) se centrarán en unos 11 mil Cuit (clave única de identificación tributaria), que aportan el 70% de los ingresos públicos.
Los llamados “dólares en el colchón” podrían totalizar unos U$S 150 mil millones en el país, cifra que podría alcanzar hasta U$S 350 mil millones si se incluyen ahorros en el exterior y en paraísos fiscales.
Sin dudas que es plausible la decisión de registrar los fondos que están fuera del circuito formal, y que –una vez volcados a la actividad económica- podrían acentuar la recuperación que se verificó en el primer cuatrimestre.
Sin embargo, aún persisten dudas por parte de los tenedores de esos recursos, ya que se mantienen vigentes numerosos instrumentos legales que condenan los procedimientos por los cuales fueron adquiridos.
El Gobierno aún no envió al Congreso el proyecto de ley para corregir tales penalidades, mientras que el jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos, promete que las normas penalizantes prescribirán durante los próximos dos años, antes de la finalización del mandato de Javier Milei.
También existen serios interrogantes sobre qué sucederá en las provincias que no adhieran a la ley nacional, las cuales podrían mantener vigentes las penas y multas por los ingresos no declarados ante los organismos de recaudación locales.
Autoridades del Arca amenazaron con dejar de compartir la información tributaria con otras jurisdicciones, en caso de que se mantenga la negativa de los gobernadores de no acoplarse al nuevo ordenamiento fiscal.
Además de la desconfianza que persiste en los argentinos sobre el depósito de dólares en los bancos, las principales dudas apuntan a qué sucederá en materia tributaria una vez registrados los que están en el colchón.
Los cambios cíclicos en la conducción del país y en las políticas impositivas tornan necesario que el Gobierno nacional y las provincias ofrezcan todas las garantías para verificar tales ahorros, que impulsarán la economía y tornarán sustentable el crecimiento que necesita la Argentina.
