A días de cerrar 2023, entró a la Legislatura de Córdoba un proyecto de Seguridad, que en cinco días hábiles debía ser aprobado para convertirse en Ley. Los intentos para que el oficialismo desista y para se trabaje con más tiempo una ley tan importante fueron en vano.
Cada gobierno desembarca con su impronta y anuncia su propio paquete a vender. En este caso, una nueva ley, que establece un programa de seguridad, con el que nos prometen una vida más segura y tranquila.
Así, hace 24 años nos vienen anunciando distintos planes, programas, comisiones, observatorios y leyes, mientras el vertiginoso crecimiento del delito en la provincia evidencia el rotundo fracaso en la materia; no nos lo cuentan, los cordobeses lo vivimos en carne propia.
Concepción verticalista
Esta ley que se aprobó fragmenta la responsabilidad de la seguridad en Córdoba, como si la Provincia fuera la responsable principal y los Municipios fueran responsables secundarios.
Esta concepción verticalista y castrense de la seguridad, que el justicialismo viene implementando hace más de dos décadas, no ha hecho jamás hincapié en la prevención, pero sí apuesta fuerte a la represión. Resultado de ello son la superpoblación carcelaria y las puertas giratorias que todos conocemos.
Esta nueva ley dispersa más aún las fuerzas que deben concurrir ante la comisión de un delito, e incorpora la figura de guardias urbanos de convivencia, sumando a las empresas de seguridad privadas.
En muchas ciudades ya existen equipos de guardias urbanos que motorizan y custodian localidades o pueblos, articulando su accionar coherentemente con la Policía, pero esta nueva ley da un paso más allá y les otorga facultades superiores, permitiendo que estos guardias contratados por empresas de seguridad privadas puedan manipular armas de menor letalidad para desempeñar sus funciones.
No existe una experiencia exitosa en el mundo ni en Argentina donde esta modalidad haya funcionado, en esto también venimos a innovar.
También podrán estos guardias urbanos labrar actas y ejercer poder de policía para hacer cumplir normas de convivencia. El mismo guardia que labra un acta intervendrá en un robo, manipulando un arma, que con buena capacitación (si es que existe) podrá disparar, siempre que las condiciones climáticas no afecten su disparo, atento a que la trazabilidad de las armas Byrna no es uniforme y dependerá de quién las manipule, primeramente, y de las condiciones climáticas, luego, para que el disparo que quiso efectuar en una pierna no termine en un ojo (así nos instruyeron especialistas en el tema).
Capacitación y depuración
Otro punto clave es la capacitación. Crean un Instituto de Planificación y Formación, que no formará a nadie, sino que terceriza y delega en los municipios la capacitación de estos guardias. Municipios asfixiados, que escalonan el pago de aguinaldos atento a que vieron reducidos sus ingresos de coparticipación (por la eliminación de Ganancias y por una enorme cantidad de fondos que la Provincia cobra, pero que no coparticipa), deberán ahora pagar los sueldos de los guardias e invertir en capacitarlos.
Una ley que no pone en agenda las fuerzas policiales, ni menciona un plan para jerarquizar y profesionalizar a las mismas, habiéndose revelado el estado de abandono de las escuelas donde se forman oficiales y suboficiales, que no han tenido una sola inversión en 23 años, y ahora apostamos a que estos nuevos guardias urbanos intenten hacer lo que en 24 años nuestros policías no pudieron.
Una ley que no menciona la necesaria depuración y transformación del Servicio Penitenciario, fuego que aún les quema en las manos con la detención y de funcionarios de primer nivel. Gracias al accionar valiente de algunos fiscales se reveló una trama de corrupción que funcionaba a la perfección, al calor de los gobiernos peronistas de esta provincia.
Declaran en sus discursos dar batalla al narcotráfico, mientras en sus cárceles arriban deliveries con droga, whisky y otros beneficios que la complicidad de sus gobiernos permite, mientras tanto hacen marketing con el narcotest.
Hablan de reducción del gasto público, mientras siguen creando estructuras vitalicias con jubilaciones de privilegio. Acaban de crear 24 estructuras judiciales, que implican un costo anual en sueldos de $ 5.500 millones, pese a la tremenda crisis, y pese a que según el Informe del Centro de Almaceneros, el 54,8% de los hogares no pudo acceder a los alimentos que integran la canasta básica y el 88% de los hogares tuvo que financiar la compra de alimentos en el último mes de 2023.
Aun así, les recortan a los trabajadores, mientras se quintuplicaron los gastos reservados. El peronismo renovado o partido cordobés ve la crisis por la ventana, y se da algunos permisos, usando aviones sanitarios de taxi, y choferes propios de la aristocracia, mientras prorrogan algunos diferimientos para evitar que los aumentos de los activos puedan percibirlos los jubilados.
Finalmente, nos venden una nueva ley con bombos y platillos, que nació opacada por un nuevo ajuste, que aterriza en un pueblo golpeado y la recibe una ciudadanía incrédula y resignada. Las expectativas de que esta ley traiga verdadera seguridad son bajas, pero al Gobierno le sirvió, compraron miles de armas Byrna, móviles, nombraron a los nuevos guardias. Y a la calle, que comienza el show.
* Legisladora, presidenta del Interbloque JPC
