La malnutrición, que abarca tanto la desnutrición como el sobrepeso y la obesidad, es un problema de salud pública que afecta a diversos sectores de la población argentina.
Este fenómeno se debe a múltiples factores, como la baja calidad alimentaria, la escasez de recursos y la falta de conocimientos sobre nutrición adecuada.
Un informe sobre este tema publicado por este medio el pasado 21 de marzo da cuenta de esa preocupante realidad.
La Segunda Encuesta Nacional de Nutrición y Salud (Ennys II), difundida en 2020 (última disponible), reveló que 41,1% de los niños y adolescentes de entre 5 y 17 años presentaban exceso de peso; de este porcentaje, 20,7% correspondía a sobrepeso, y 20,4%, a obesidad. Estos datos reflejan la gravedad del problema en la población infantil y adolescente del país.
Además, según un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), más del 12% de los menores de 5 años en Argentina tienen sobrepeso. Este dato es alarmante, ya que el sobrepeso a edades tempranas puede predisponer a problemas de salud en etapas posteriores de la vida.
Además, se destacó que los adolescentes de niveles socioeconómicos más bajos tienen más probabilidades de sufrir malnutrición por exceso, en comparación con aquellos de niveles más altos.
La malnutrición, en cualquiera de sus formas, tiene consecuencias por su impacto en el desarrollo infantil. Una nutrición inadecuada puede afectar el crecimiento físico y el desarrollo cognitivo, limitando el rendimiento escolar y oportunidades futuras.
A ello se suma la carga económica y social: las complicaciones derivadas de la malnutrición generan costos elevados para el sistema de salud y afectan la productividad laboral, lo que repercute en el desarrollo económico del país.
Para abordar eficazmente la problemática, se debe profundizar en la implementación de entornos escolares saludables. Esto incluye la regulación de la oferta de alimentos en quioscos y comedores escolares, a fin de garantizar la disponibilidad de opciones nutritivas y equilibradas.
En 2018, el 97% de los estudiantes de Córdoba consumían alguna bebida azucarada, pero eso está cambiando con los quioscos saludables.
Pero se necesitan desarrollar más programas educativos dirigidos tanto a estudiantes como a padres y docentes sobre la importancia de una alimentación balanceada y de un verdadero cambio de hábitos.
También es necesario tomar medidas para la regulación de la publicidad de alimentos: reforzar las normativas que limiten la promoción de ultraprocesados y bebidas azucaradas, implementar impuestos sobre ese tipo de productos e insistir sobre el etiquetado frontal como advertencia.
Como explican especialistas, el contexto social y económico es complicado y se necesita de la intervención del Estado, aunque se debe revisar qué tipo de ayuda se brinda desde las políticas públicas.
Ofrecer asistencia económica no alcanza si no se educa acerca de qué alimentos comprar y de cuáles son convenientes por los nutrientes.
La implementación de estas políticas requiere un enfoque integral y multisectorial, que involucre a diversos actores de la sociedad para garantizar entornos que favorezcan una alimentación saludable y el bienestar general de la población.
