El Gobierno nacional anunció que en breve sancionará los instrumentos legales para el uso de los dólares no declarados en operaciones comerciales, ya sea para bienes de primera necesidad o durables.
Según anticipó el ministro de Economía, Luis Caputo, la puesta en marcha requiere de una armonización de diversos instrumentos que permitan las transacciones comerciales, así como la observancia de exigencias impositivas y de normas de lavado de dinero.
Las autoridades pretenden así movilizar una economía que, pese a la recuperación de los últimos meses, aún no tiene el suficiente vigor para generar inversiones de calidad ni empleos registrados en gran escala.
El virtual bimonetarismo que afrontará la economía argentina implica, en la práctica, transparentar numerosas operaciones que ya se realizan en dólares pero que se legalizan en pesos, por las normativas vigentes.
Superar esas instancias requerirá que ciudadanos y empresas cuenten con los instrumentos adecuados, que no supongan en el mediano o largo plazo una carga tributaria por el uso de billetes no exteriorizados legalmente.
Además, las futuras normas deberán prevenir a los usuarios de eventuales contravenciones con las normas de lavado de dinero, un tema sobre el que ya alertaron especialistas tributarios.
La estrategia de revitalizar la economía a partir de los dólares no registrados -comúnmente llamados “en el colchón”- es plausible dado la bimonetización que los argentinos practican desde hace décadas.
Los intentos de evitar las operaciones con la moneda norteamericana, o bien la compra de dólares, no dieron resultados por la inflación que destruyó durante largos períodos el ahorro de los argentinos.
La confianza de los principales actores resultará ahora clave para que el Gobierno pueda llevar adelante sus planes, sin transgresiones al reciente blanqueo de activos, cuya etapa activa finalizó este miércoles 7 de mayo.
Las autorizaciones del uso de billetes no registrados serían sólo para operaciones de hasta U$S 100 mil, con el objetivo de evitar cualquier intento de uso de dinero en negro por personas o entes vinculados con el narcotráfico, la venta de armas o la trata de personas.
Las malas experiencias del pasado, incluso las verificadas durante gobiernos anteriores, en las que se investigó a personas y compañías que se habían acogido legalmente al blanqueo de capitales, es una alerta que aún resuena en potenciales beneficiarios de la actual propuesta.
Los pasos que asume la actual administración deberán ser convalidados por las futuras gestiones, para evitar una mayor desconfianza hacia las políticas oficiales.
Los dólares “en el colchón” superarían largamente la estimación gubernamental de unos U$S 250 mil millones, por lo que su registro en la economía formal puede impulsar el crecimiento que necesita el país para dejar atrás la decadencia de los últimos años.
Sin embargo, para que ello ocurra es necesario que el Gobierno dé señales claras sobre el andamiaje jurídico y se garantice su observancia futura por la actual oposición, al tiempo de obtener la confianza de los ahorristas.
Ese principio intangible es un decisor clave en las políticas que demanda la Argentina para su expansión y la erradicación de la pobreza.
