La mayoría de los ministros de Economía que se suceden en la Argentina suelen tener tres obsesiones: la cultura, la salud y la educación, con la premisa de cómo reducir la inversión en los tres rubros.
Ya en la década de 1990, Domingo Cavallo intervino los fondos del Instituto Nacional de Cinematografía (Incaa), limitando así la autarquía que le había concedido a este la Ley de Cine de 1994.
El tema viene a cuento por el debate que se suscitó por la inclusión en el proyecto de ley de reforma laboral de dos artículos que afectaban a la producción cinematográfica nacional.
Finalmente, los reclamos del sector audiovisual lograron que se postergara hasta el 1° de enero de 2028 la derogación de las asignaciones específicas que contribuyen al Incaa.
Eso significa que el debate de fondo no se resolvió, sino que sólo se aplazó para el futuro. De allí que sea pertinente reflexionar sobre el nudo ideológico del conflicto.
La discusión se ha formalizado en este tema entre dos polos inclaudicables, ambos con razón y a la vez parcialmente equivocados.
Entender la cultura como un gasto equivale a reducir la existencia humana a un asunto contable, donde imperan el debe, el haber y los saldos; a su vez, suponer que su financiamiento debe ser irrestricto, sin controles ni exigencias, suena descabellado.
Sin embargo, en ese debate –que, como tantos en el país, ignora las cuestiones de fondo– no se registran detalles centrales, tales como que no es el Estado el principal financista de la industria cinematográfica argentina, en tanto son los aportes de los espectadores –el 10% de cada entrada– los que configuran una importante masa de dinero, a la que deben agregarse los aportes de ley de la industria audiovisual y la comunicacional.
En ese último punto mencionado, debería anotarse la presión de sectores que se verían beneficiados con la desaparición de los aportes al Incaa, una cuestión para nada insignificante.
Pero, hechas estas aclaraciones, las autoridades de la actual administración nacional deberían reparar en que el cine argentino es una industria y, como tal, crea trabajo para miles de técnicos, artistas, empresas de servicios y proveedores de equipamiento.
En el otro platillo de la balanza, pesa el descontrol que ha imperado por años en el Incaa, con créditos concedidos a pérdida para amigos y beneficiarios a cargo de producciones intrascendentes. Quienes con justicia defienden al Incaa deberían formalizar al menos una crítica honesta sobre esos años de dispendio y de negocios seudoculturales.
Para complicar las cosas, se vuelve a discutir si se debe apoyar un cine de calidad o uno popular, un debate demasiado obvio, ya que en todo tiempo y lugar el cine popular exitoso ha creado las condiciones y los capitales para el desarrollo de otro tipo de propuestas.
En resumen: unos y otros deberían dar la discusión en un marco de honestidad intelectual, sin olvidar que las cuestiones culturales no tendrían que dejarse en manos de expertos contables.
