La fuerte reducción de aranceles a las importaciones de bienes y servicios implica un doble desafío, que incluye al Estado y a las empresas argentinas fabricantes de los productos que ingresan desde el exterior.
En líneas generales, nuestro país funcionó durante décadas con una economía virtualmente cerrada a las manufacturas que se producían fronteras afuera, en un contexto de un mundo cada vez más interrelacionado en la producción y venta de bienes de uso.
Desde la asunción de Javier Milei, los aranceles a la importación se redujeron en forma paulatina, lo que obligó a distintos sectores a enfrentar una competencia impensada años atrás.
El impacto más directo incluye, entre otras, a las actividades vinculadas con las industrias textil, del calzado, de electrodomésticos y de comunicaciones.
Los productos importados de tales rubros son hoy más accesibles para la población en general, que resulta beneficiada por el cambio, aunque existe un impacto negativo entre los industriales.
En los fabricantes de prendas de vestir, por caso, la incidencia de los componentes importados alcanza ya al 65% de la ropa que se vende en la Argentina.
Las importaciones de ropa crecieron 86% en el primer trimestre del año; las de textiles del hogar, 109%, y las de tejidos de punto, 155%, en relación con igual período de 2024, según el registro de operadores del comercio exterior.
Tales indicadores suponen el nivel más alto de ingresos en esos ítems desde 2015.
Desde las entidades que representan a tales actividades, en particular la Unión Industrial Argentina (UIA) y su par cordobés (UIC), reclamaron en numerosas ocasiones “nivelar la cancha” en cuanto a la presión impositiva sobre los productos y los subsidios a la actividad que obtienen los fabricantes externos en sus países.
El Gobierno condiciona la baja impositiva a un aumento de la recaudación tributaria y de la actividad, por lo que la reducción de la carga no alcanza a los sectores más afectados por las importaciones.
El Presidente anunció a fines de julio una baja de las retenciones para las exportaciones de productos agropecuarios, sector que, aun así, señala un desfase entre los costos en dólares y los valores de exportación.
A la par de la baja de aranceles, el Gobierno nacional afronta el desafío de mantener la actividad local, que soporta altos costos impositivos y de otras cargas, originadas en los estados provinciales y municipales.
Las fábricas locales prefieren hoy traer los productos desde China o desde Brasil y venderlos en el mercado local, sin aceptar el desafío de modernizar las plantas y mejorar su productividad para enfrentar la competencia externa.
El consumidor es el beneficiado por la apertura dispuesta por las autoridades, con el riesgo implícito de la pérdida de puestos de trabajo y de la reducción de salarios por la caída en la actividad fabril.
Todos estos elementos deben ser evaluados por el Gobierno a la hora de resolver los desafíos y opciones que plantea la política económica que impulsa.
