El desmonte ilegal del bosque nativo cordobés avanzó en 2022 a un ritmo menor del que tuvo en 2021. Pero todavía estamos lejos de la “deforestación cero” y ni siquiera sabemos si el registro del año pasado corrobora una tendencia.
Por dos años consecutivos, 2019 y 2020, las cifras oficiales marcaron una pérdida anual estable por debajo de las 5.000 hectáreas. Pero 2021 sorprendió con un desmonte superior a las 5.800 hectáreas. El balance de 2022 arrojó unas 4.500 hectáreas, con lo que se asemeja a los años anteriores.
Sigue siendo un número elevado, por supuesto. Para ser gráficos, podríamos decir que equivale a la quema diaria de unas 12 manzanas de cualquier ciudad.
Los bosques nativos son claves para la regulación hídrica y climática. El medio ambiente es de todos y sólo hace posible nuestra vida si se preservan de su degradación ciertos parámetros vitales. El ambiente serrano es producto de una conjunción de factores. Hay una flora y una fauna, básicamente, que lo definen. Por desmonte, urbanización, incendios e ingreso de especies invasoras, ese ecosistema se desequilibra de manera lenta pero inexorable.
La ley provincial 9.814, de ordenamiento territorial del bosque nativo, estableció tres categorías, según su grado de protección: rojo, amarillo y verde. En rojo se pintó los ecosistemas mejor conservados, donde se pueden realizar pocas intervenciones autorizadas por la Secretaría de Ambiente de la Provincia.
Como es lógico, la Policía Ambiental pone el foco especialmente en los sectores rojos, porque se trata de los ecosistemas mejor conservados. En ellos, de todas maneras, durante 2022 se desmontaron unas 2.000 hectáreas. Casi la mitad del total. El resto fue casi todo en zonas amarillas.
Las autoridades entienden que el menor desmonte puede explicarse por tres razones. La primera de ellas sería una mayor presencia de la Policía Ambiental en las áreas más afectadas. De hecho, se ha observado cierto proceso de recuperación natural en algunos lugares donde se había detectado desmonte ilegal.
La segunda razón sería la sequía. Como la falta de lluvias desalentó la inversión en cultivos, bajó el interés en ampliar terrenos para la agricultura. Y la tercera podría ser que ciertas labores de rolado, que se realizan en las tierras agrícolas, no se implementan todos los años.
Del análisis oficial no se pueden extraer expectativas favorables para el presente año o el próximo. Es innegable que la Policía Ambiental hace una importante tarea, pero el territorio a custodiar es muy amplio. Si los privados se encuentran nuevamente con un clima propicio para los cultivos, ¿por qué no volverían a intentar el desmonte de alguna zona?
Un cálculo extraoficial señala que entre 2001 y 2019 se perdieron casi 170 mil hectáreas de cobertura boscosa. El monitoreo oficial reconoce la pérdida de más de 48 mil hectáreas sólo desde 2016.
Si el bosque nativo cordobés viene desapareciendo desde hace décadas, es porque no terminamos de asumir cómo el desmonte impacta de manera negativa en nuestro medio ambiente y, por lo tanto, en nuestra calidad de vida.
