Finalmente, el Gobierno nacional decidió retirar de la “ley ómnibus” los artículos vinculados con el ajuste fiscal. El ministro de Economía, Luis Caputo, fue el encargado de informarlo. Fue el lógico resultado de una errónea gestión política del oficialismo en la Cámara de Diputados que, frente a una oposición dialoguista como pocas veces se ha visto, prefirió la intransigencia y la amenaza.
Por ahora, entonces, seguirá vigente la fórmula de la actualización jubilatoria; no se modificará el esquema de retenciones agropecuarias e industriales; no habrá blanqueo ni moratoria; y tampoco se establecerá un anticipo para el Impuesto a los Bienes Personales. Al menos por el momento.
Desde que asumió el 10 de diciembre pasado, el Gobierno aseguró que no había tiempo que perder y que no había alternativa. Con esa doble premisa, y con el cuestionable argumento de que más de la mitad de los argentinos había votado a favor de su programa de ajuste en las elecciones, hostigó a la oposición en su conjunto para que aceptara a libro cerrado un megadecreto de necesidad y urgencia y una megaley de más de 600 artículos sobre los más variados temas.
Mientras la izquierda y el kirchnerismo se declararon contrarios a las reformas propuestas, un sector del peronismo y las distintas corrientes de Juntos por el Cambio instaron al oficialismo a un diálogo constructivo: no discutían los principios básicos del programa –equilibrio fiscal, reforma del Estado, estabilización y apertura de la economía, modificaciones impositivas, revisión de la situación previsional–, sino los instrumentos que los llevarían a la práctica. Para ello, tanto los legisladores como los gobernadores presentaron medidas alternativas que respetaban el espíritu del plan.
No fueron tenidos en cuenta porque, fundamentalmente, no encontraron un interlocutor con la envergadura institucional y el peso político necesario para tomar decisiones y pactar acuerdos. El desgaste del ministro de Interior y del presidente de la Cámara de Diputados fue sorprendente, al punto de que la última etapa de las negociaciones en el plenario de comisiones de la Cámara Baja estuvo a cargo de un simple asesor de imagen del presidente Milei.
Al cabo, ese dictamen de comisión sólo fue firmado sin disidencias por los diputados oficialistas. Todos los bloques de la oposición dialoguista expresaron sus discrepancias, y algunos legisladores prefirieron dejar asentadas sus propuestas en dictámenes de minoría. Así, quedó en evidencia que los artículos más cuestionados, como el paquete fiscal, serían rechazados en la próxima sesión plenaria. Anunciar su retiro fue la única opción para evitar una segura derrota legislativa.
Si no había tiempo, se perdió un mes sin ningún sentido. Si no había alternativas, ahora habrá que diseñarlas. Si hasta aquí el Gobierno pensó o quiso creer que podría gobernar solo, ahora sabe que está obligado a negociar con la oposición la instrumentación de las reformas.
Porque en democracia el poder político está dividido en dos ramas, la ejecutiva y la legislativa, ambas igualmente votadas por la ciudadanía. Y toda reforma es gradual y periódica, producto del consenso que se puede establecer en diferentes contextos entre los distintos actores de la política.
