Desde comienzos de año, las 13 provincias que no transfirieron sus sistemas previsionales a la Nación no reciben los dineros que les corresponden por ley, ya que la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) no envió las cuotas correspondientes a enero y a febrero. Una de esas provincias es Córdoba.
Si bien el organismo responsable del envío es Anses, quien toma la decisión es el Ministerio de Economía. El incumplimiento es otra controvertida resolución del Gobierno central.
Hasta aquí, la administración de Javier Milei pretende que todas las reparticiones estatales se manejen durante 2024 con base en las partidas que recibieron en 2023 por la Ley de Presupuesto. Pues bien, si en esa ley estuvo contemplado el monto que el Gobierno nacional debía entregar mensualmente a cada una de las provincias cuyas cajas de jubilaciones no fueron nacionalizadas, ¿por qué se niega a cumplir lo que en su momento sancionó el Poder Legislativo?
La actitud del Poder Ejecutivo agrava un conflicto de larga data, que ya generó un par de reclamos de la Provincia de Córdoba ante la Corte Suprema de Justicia. Es que, en principio, la Nación no actualiza el monto que debe recibir la Provincia desde 2019. Por supuesto, en estos años, la inflación se ha acelerado de manera harto preocupante. De hecho, la inflación acumulada durante los cuatro años del mandato de Alberto Fernández orilló el 1.000%. En ese contexto, no actualizar los giros a las provincias implica que cada jurisdicción tiene que hacerse cargo a solas de un déficit creciente. Para decirlo de otro modo, la asistencia que en su momento la Nación acordó con las provincias es, en realidad, cada vez más insignificante.
El reclamo cordobés ante la Corte tendría a su favor el marco legal vigente, que obliga a una actualización mensual acordecon “las variaciones en el índice de movilidad jubilatoria del Sistema Integrado Previsional Argentino”, según el artículo 93 de la ley 27.701.
Si Córdoba no dudó en judicializar la falta de actualización de los montos por transferir que caracterizó a la gestión de Fernández, es fácil concluir que la nula transferencia de la gestión de Milei seguirá el mismo camino. Y aunque se pudiera dudar, en un hipotético escenario, de que la Corte le dé la razón a la Provincia en el primer caso, no hay ninguna posibilidad de que la Nación obtenga un fallo favorable en el segundo caso.
En consecuencia, la pregunta clave es por qué el Gobierno nacional tensa la cuerda en su relación con los gobiernos provinciales hasta el extremo de generar un cuadro de situación en el cual las provincias deben exigir el cumplimiento del marco legal vigente por vía judicial y es altamente probable que la Nación resulte entonces condenada.
El objetivo económico de alcanzar el equilibrio fiscal no es razón suficiente. Menos lo es el eslogan político de estar luchando contra “la casta” que supuestamente les arruinó la vida a “los argentinos de bien”.
El Gobierno nacional debe comprender que no puede colocarse por encima de las leyes que regulan su relación con las provincias.
