En los últimos 11 meses, el comercio minorista registró una caída en las ventas interanuales, según el informe de la Federación Comercial de la provincia de Córdoba (Fedecom).
La baja fue de 3,8% en abril en relación con un año atrás, cuando las ventas ya habían disminuido 1,3% respecto de 2021.
El dato está vinculado con la sequía y las perspectivas de una menor cosecha, que obligan a los productores a reducir su consumo.
Para este año, el valor bruto de la campaña 2022/23 caería en U$S 7 mil millones respecto del ciclo anterior. De tal modo, habrá menos recursos para el entramado productivo.
En la ciudad de Córdoba, la disminución en las ventas fue más pronunciada: 5,3%, de acuerdo con el relevamiento de la Cámara de Comercio de Córdoba.
En la capital provincial, la principal razón de esta baja está vinculada con la caída del poder de compra de los salarios y de las jubilaciones, que no permiten afrontar los incesantes aumentos de bienes y servicios.
Un dato que ahondó las preocupaciones en los comercios de cercanía es la baja en el consumo de alimentos y bebidas, que es el último bastión en el que las familias reducen sus compras cuando los ingresos son insuficientes.
La Cámara de Comercio reiteró que la rentabilidad cae todos los meses, lo que pone en riesgo la subsistencia de miles de locales.
Con ello, está en peligro la permanencia de gran cantidad de puestos de trabajo, justamente en el sector más demandante de empleo.
El panorama se resume en que la inflación imparable –que rozaría el 8% en abril, sin perspectivas de baja en mayo– limita las compras de los sectores de ingresos fijos.
Esta caída coloca a los comerciantes ante la disyuntiva de tener que cerrar los locales y despedir a sus empleados.
Las respuestas del Gobierno nacional ante la recesión en que caería la economía son insuficientes, además de acudir a herramientas que ya se han mostrado obsoletas.
Los pomposos acuerdos de precios que anuncia el ministro de Economía, Sergio Massa, tienen una vigencia cada vez más acotada, sin que alcancen al interior del país y, en particular, a los comercios de cercanía, que concentran la demanda de los hogares más vulnerables.
Los pedidos al Fondo Monetario Internacional (FMI) o las apelaciones a la ayuda de “gobiernos amigos” ‒la última fue a Brasil, con resultados inciertos‒ no contribuyen a aportar soluciones de fondo.
La inercia de la suba de precios no se detendrá con tales decisiones, menos aún por parte de una gestión cuyos dirigentes están sumergidos en las internas partidarias y en las apetencias electorales para los próximos comicios.
La primera y más necesaria acción debiera estar vinculada con el ordenamiento del Estado y la reducción del gasto público ineficiente e innecesario.
Si la inflación no alcanza niveles moderados, la crisis en la actividad comercial contribuirá, por los efectos mencionados, a agravar la situación social de una Argentina ya sometida al empobrecimiento y al retroceso en su nivel de vida.
