Casi todos los sectores del campo argentino reclaman desde hace tiempo una reunión urgente con el Gobierno nacional para “exponer la crítica situación del campo y solicitar alivio fiscal inmediato a través de la reducción de impuestos que permita a los productores hacer frente a los costos crecientes y mantener sus actividades”.
El comunicado fue realizado por las cuatro entidades de la Comisión de Enlace que esperan una reunión urgente con el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo.
Entre los pedidos figura, además, la eliminación de las retenciones, tal como lo prometió en su momento el presidente Javier Milei, durante la campaña que finalmente lo llevó a ocupar la Casa Rosada.
“Las condiciones climáticas, como la falta de lluvia y las altas temperaturas, sumadas a la depresión de los precios internacionales y a los altos costos de producción, condicionan la actividad que genera desarrollo económico y arraigo en todas las provincias del país”, señala la Comisión de Enlace.
Las entidades (Federación Agraria Argentina, Coninagro, Confederaciones Rurales Argentinas y Sociedad Rural) proponen varias medidas al gobierno nacional. Entre ellas, mejorar caminos rurales y accesos para garantizar el traslado de insumos y producción, avanzar en infraestructura estratégica (hidrovía, puertos y ferrocarriles) que garantice una logística más eficiente y competitiva, promover inversiones que lleven internet de calidad a las economías regionales y medidas inmediatas para proteger a los productores de la creciente inseguridad.
En Córdoba, tras una reunión de la Mesa de Enlace con el gobernador Martín Llaryora y el ministro de Bioagroindustria, Sergio Busso, se acordó un diferimiento fiscal del pago del impuesto inmobiliario rural para productores provinciales con problemas económicos o de productividad, aunque aún falta conocer detalles de cómo se implementaría.
Además, de estableció un tope en el aumento del Impuesto Inmobiliario Rural, como una señal de reconocimiento al momento de emergencia que vive el campo.
Más allá de toda esta coyuntura, hay que recordar por ejemplo, que en 2023 las cadenas agroindustriales aportaron un 23,1% del total del PBI argentino, (U$S 124.276 millones), según cálculos de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (Fada).
Es decir que casi uno de cada cuatro pesos que genera la economía argentina provienen del campo.
Además, contra lo que suele creerse, la mitad de la producción primaria es valor agregado, más allá de toda la actividad complementaria que genera esta actividad, en relación a la generación de empleo y al desarrollo local y regional.
La agroindustria ha demostrado ser un sector resiliente, con una capacidad notable para adaptarse a contextos adversos y mantener su contribución al crecimiento económico. Pero todo tiene un límite.
Si bien se comprende la compleja situación económica heredada, así como la necesidad de mantener en orden las cuentas fiscales, en algún momento el gobierno nacional deberá sentarse a analizar seriamente las dificultades del sector y, de una vez por todas, determinar medidas específicas para ayudar a este sector clave para el país, con algo más que promesas.
