La frase “hay que prender fuego el país” no admite demasiadas interpretaciones: se trata de una amenaza explícita, de una apelación directa a la violencia como método de presión política.
La dijo Daniel Yofra, secretario general de la Federación de Aceiteros, en Rosario, durante una conferencia de prensa previa a una movilización convocada por el Frente de Sindicatos Unidos, espacio que reúne a más de un centenar de gremios.
El contexto fue el rechazo sindical al proyecto de modernización laboral impulsado por el gobierno de Javier Milei, cuyo tratamiento parlamentario comenzó ayer en el Senado.
Lejos de un exabrupto aislado, Yofra desarrolló la idea con crudeza. Enumeró demandas vinculadas a salarios, vivienda, educación, alimentación y acceso a la salud, y concluyó que si esas condiciones no se garantizan, “no queda otra” alternativa que incendiar el país.
A esa advertencia sumó la posibilidad de un paro por tiempo indeterminado y la sentencia de que “esto no va más”. El mensaje buscó funcionar como una presión directa sobre el sistema político y sobre los gobernadores, señalados como responsables de habilitar el avance del proyecto oficial.
Ese tipo de expresiones no encuentra lugar legítimo en una democracia. Las diferencias, aun las más profundas, se resuelven mediante el debate, la negociación y el voto, no con amenazas de caos o destrucción.
La historia argentina ofrece demasiados ejemplos de lo que ocurre cuando la política abandona la palabra y abraza la lógica del enemigo. Cada vez que el conflicto social se formula en términos bélicos, se da un paso más hacia un terreno minado que pone en peligro la convivencia y debilita las instituciones.
Ahora bien: la condena de ese lenguaje incendiario exige algo más que señalar al sindicalismo. El clima de agresión verbal no nació en una conferencia de prensa gremial. El propio Gobierno nacional, con el Presidente a la cabeza y acompañado por una tropa de funcionarios, comunicadores e influencers oficiales, utiliza de manera sistemática un registro de descalificación extrema contra todo aquel que no comulga con su proyecto político.
Insultos, estigmatización, acusaciones de traición o de corrupción moral forman parte del repertorio cotidiano del poder.
No se puede exigir moderación a un sector mientras desde la cima del Estado se legitima un discurso de confrontación permanente.
La violencia verbal, aun cuando no derive directamente en hechos físicos, deja marcas profundas. Normaliza el odio, clausura el diálogo y convierte al adversario en un enemigo a destruir.
La reforma laboral, como cualquier otra iniciativa de semejante impacto social, merece un tratamiento serio en el marco del debate político.
Puede ser cuestionada, defendida, modificada o rechazada. Pero eso no justifica amenazas ni llamados a la violencia. Tampoco habilita campañas de desprecio hacia nadie.
El Congreso existe para discutir proyectos, escuchar argumentos y tomar decisiones dentro de las reglas de la democracia.
Son condiciones básicas para cualquier proyecto de país que aspire a la estabilidad, al desarrollo y a convivir en paz.
