Un nuevo problema de gestión que afecta a la administración nacional se hizo público la semana pasada: la emisión de pasaportes fallados que no pueden ser leídos por los escáneres.
El tema no pasó inadvertido, incluso en el momento en que la agenda mediática estaba ocupada por el tramo final de las elecciones bonaerenses y por las resonancias del escándalo por los audios de Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad.
En un primer momento, el Registro Nacional de las Personas (Renaper), a cargo de la expedición de toda documentación personal en el país, advirtió que unos cinco mil pasaportes recientemente emitidos debían ser reemplazados a raíz de una falla en la tinta de impresión. Tinta importada de Alemania, según se informó.
Sin embargo, el problema afectaría a un número considerablemente mayor de personas. Mientras quienes iban a viajar al exterior en breve se agolpaban en los mostradores montados en el aeropuerto de Ezeiza, el número de documentos en revisión iba ascendiendo a 60 mil y luego a unos 240 mil.
Resultaría ocioso advertir sobre los costos extras ocasionados a quienes ya habían abonado sus pasaportes –cuyo precio es de $ 70 mil en trámites normales; de $ 150 mil para tenerlo en 96 horas, y de $ 250 mil para obtenerlo al instante–.
A raíz del error, ahora las personas perjudicadas deben movilizarse a distancias diversas y aguardar por horas la verificación de su pasaporte y la posterior confección de uno nuevo.
La difusión del problema de impresión y los datos sobre las series numéricas afectadas ayudan a circunscribir el inconveniente y sus alcances, pero no disimulan la impericia administrativa que los provocó, y que se suma a la serie de fallas de la gestión estatal.
Son muchos errores y algunos muy graves. Como ejemplos, la falta de controles de la Anmat sobre productos de laboratorio como el fentanilo contaminado, con la consecuencia de no menos de 100 muertes, o las demoras en la confección de patentes de automotores, que incluye más de 800 mil vehículos en lista de espera en el país.
Todo eso hace sospechar de la idoneidad de los funcionarios designados en las respectivas áreas, algunos de los cuales evidencian escaso conocimiento sobre las tareas que se desarrollan bajo su mando.
A este cuadro de situación deben agregarse las apuradas medidas de desregulación que, en nombre de la modernización y del ajuste, implicaron el despido de personal capacitado. Sin dudas, el Estado nacional estaba superpoblado y había que achicarlo, pero el objetivo debería ser quedarse con la gente idónea.
La explicación, no obstante, quedaría corta si no se reparara en un detalle central: quienes operan de este modo no son la causa sino la consecuencia de un evidente desprecio por el Estado y sus funciones. Un Estado que, según ha expresado el mismo Presidente, no debe hacer ni controlar nada y no requiere, por ende, de capacidad alguna.
Los resultados están saltando a la vista casi todas las semanas.
