La situación de millones de jubilados y pensionados tiende a agravarse en forma alarmante en la Argentina. El último dato que profundiza ese cuadro es la caída del número de aportantes al sistema previsional.
Según cifras de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (Asap), sobre la base de registros oficiales, los aportantes se redujeron en 101.347 en el primer semestre de 2025.
Es probable que el cuadro se haya agravado en el tercer trimestre debido al cierre de numerosas empresas o al despido de personal ante la incertidumbre electoral en esos meses.
El número de aportantes es clave para tornar viable el sistema de reparto, que en grandes trazos rige en el país desde la vigencia del sistema jubilatorio.
Hubo un breve interregno durante la administración de Carlos Menem, con la aparición de las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones (AFJP), las cuales defraudaron en sus rendimientos y en las altas comisiones que exigieron a sus afiliados.
La relación ideal entre aportes y beneficiarios debería ser de 3 a 1, aunque hay países que fijaron el estándar en 4 a 1, para darle sostenibilidad al esquema.
Las sucesivas crisis económicas llevaron en Argentina esa relación a 1,8/1, lo que torna inviable cualquier intento de mejora de los haberes, los cuales apenas alcanzan a cubrir necesidades elementales, con un fuerte deterioro en la calidad de vida de 6,5 millones de pasivos.
El informe sostiene que el haber medio fue de $ 675.510 en septiembre último, con una reducción del poder adquisitivo de 4,9% respecto de la inflación registrada en 12 meses.
El sistema acusó un déficit de $ 4,3 billones en los primeros nueve meses del año.
El Gobierno nacional planteó que una de las alternativas posibles para mejorar la situación de los jubilados es la sanción inmediata de una reforma laboral que facilite el ingreso de más aportantes al sistema.
Más allá de que dicho nuevo régimen pueda ser sancionado en diciembre próximo gracias a la nueva composición del Congreso, su aplicación y la incorporación de empleados tendrá una lógica demora.
Esta posibilidad retrasará aún más la necesaria recomposición en los haberes y en las prestaciones que aguardan millones de jubilados desde un tiempo que incluye a varias administraciones.
Los futuros cambios en el sistema previsional también despertarán reacciones encontradas, por el aumento de la edad jubilatoria, un fenómeno que se extiende por todo el mundo, y por la reducción de beneficios para determinados segmentos.
Sin dudas que los regímenes especiales deberán ser adecuados a la realidad de un sistema quebrado en su funcionamiento.
El déficit anual es demostrativo de la necesidad de los cambios urgentes que deben aplicarse, así como ofrecer alternativas para obtener mejores haberes tras la finalización de la vida laboral.
Ningún legislador puede defender el actual estado de cosas. Por el contrario, su tarea deberá ser aportar soluciones para quienes no pueden esperar demasiado tiempo una mejor vida.
