El sistema político argentino involuciona claramente al admitir, como si fuese normal, el funcionamiento irregular de instituciones fundamentales para la convivencia democrática.
Es el caso del Poder Judicial de la Nación, cuya máxima instancia –la Corte Suprema de Justicia– ha sido objeto en estos días de una serie de maniobras políticas que han agravado la situación de fragilidad a la que viene sometida por la falta de acuerdo para completar su integración.
Desde el retiro de Elena Highton de Nolasco en 2021, la Corte viene funcionando sin la totalidad de los miembros requeridos por la normativa vigente. Esa falencia se profundizó a fines del año pasado, cuando se jubiló el juez Juan Carlos Maqueda. De los cinco ministros que deben conformar el tribunal, quedaron sólo tres.
La falta del consenso que ordena la carta magna para cubrir las posiciones vacantes viene desde hace casi cuatro años y atravesó dos administraciones nacionales, de distinto signo político.
En el último año, la situación se agravó. El Poder Ejecutivo envió dos pliegos de postulantes. Sólo uno de ellos obtuvo dictamen de comisión para su tratamiento parlamentario; fue durante el último receso de los congresistas. El presidente de la Nación recurrió a un atajo normativo controversial para designar por decreto a sus candidatos como jueces de la Corte en comisión, horas antes de que finalizara ese receso. Sólo uno de los postulantes juró como ministro del máximo tribunal, porque el restante se negó a renunciar a su cargo como juez federal de primera instancia.
Al comenzar el nuevo período ordinario, el Senado de la Nación activó el dictamen restante y en una sesión especial rechazó a los candidatos: Ariel Oscar Lijo y Manuel José García-Mansilla. Por primera vez en su historia, el Senado se pronunció –con mayoría agravada– por un rechazo explícito de los pliegos propuestos por el Ejecutivo.
La situación de evidente anomalía en la que quedó el juez García-Mansilla, entre la designación por decreto en comisión y el voto negativo del Senado, decantó con su renuncia, pese a que había asumido apenas 39 días antes.
La dimisión de García-Mansilla fue un gesto de sensatez. En sus fundamentos, el juez expresó la situación de “asfixia política y fatiga moral” en la que quedó expuesto. Además, puso en evidencia el contexto de “gravedad institucional” que supone perpetuar la inacción indolente para la cobertura de posiciones imprescindibles para el normal funcionamiento del Poder Judicial.
El contraste entre el desempeño inusual de la Corte, con sólo tres miembros, y el inédito rechazo con mayoría agravada del Senado dan una idea de la gravedad de la emergencia existente. Con riesgo cierto para la normal convivencia democrática, ha crecido en la escena política la subestimación –cuando no el desprecio– de los consensos que la carta magna prescribe como requisito para el desenvolvimiento habitual de las instituciones.
Ese camino donde todo conduce al bloqueo mutuo y el veto unilateral es un rumbo que de manera urgente debe desandar el conjunto del sistema político.
