El último informe del Indec reveló un dato preocupante: la desocupación en Argentina trepó al 7,9% durante el primer trimestre de 2025.
Esto significa que alrededor de 315 mil personas perdieron su empleo en tan sólo tres meses, a pesar de que la economía creció más del 6% en ese período.
Esta cifra representa un salto de 1,5 puntos porcentuales respecto del cierre de 2024 y deja en evidencia una paradoja: la macroeconomía mejora, pero el mercado laboral se deteriora.
Los datos son alarmantes por donde se los mire. Hoy, 1,7 millones de personas están desempleadas, 2,1 millones subocupadas y 36,3% trabaja en la informalidad.
Si sumamos estas categorías, más de 11 millones de habitantes están en condiciones laborales precarias o directamente fuera del sistema.
Esta situación se explica por la heterogeneidad de la reactivación económica, que se concentra en sectores no muy demandantes de mano de obra. En cambio, la apertura comercial y la caída de la producción y el consumo están dejando marcas en sectores industriales y de comercio.
Por desgracia, este panorama no es sólo una estadística fría: es el reflejo de familias que no llegan a fin de mes, jóvenes que no encuentran oportunidades y trabajadores que caen en la marginalidad.
El desempleo no sólo impacta en los bolsillos. Afecta la salud mental, desintegra vínculos sociales, erosiona la autoestima y limita proyectos de vida.
Tener trabajo significa mucho más que tener ingresos: es ser parte de algo; es tener una función social reconocida; es poder proyectar un futuro con dignidad.
En una sociedad tan golpeada como la argentina, el empleo es uno de los pilares más potentes de inclusión y cohesión social.
El Gobierno nacional enfrenta su mayor desafío: transformar la recuperación macroeconómica en bienestar tangible.
Aunque había prometido que el orden de las variables económicas derivaría en crecimiento del empleo, la realidad desmiente esa lógica, o al menos pone una bandera roja en el camino.
El Ejecutivo prepara ahora una nueva propuesta: convocar al Consejo de Mayo y avanzar con un proyecto de reforma laboral, iniciativa que ya intentó por decreto sin éxito y que ahora deberá atravesar el Congreso.
La intención de modernizar el régimen laboral tiene sustento: la comunidad empresaria señala que los altos costos, la burocracia y la llamada “industria del juicio” desalientan la contratación formal.
Pero cualquier intento de reforma no puede ser unilateral ni inconsulto.
La experiencia reciente demuestra que los atajos jurídicos o las imposiciones generan rechazo, judicialización y parálisis.
Una reforma laboral sólo será efectiva si nace del diálogo social, si cuenta con el consenso de empresas, sindicatos, legisladores y expertos.
Sólo así se podrá construir una legislación equilibrada, que combine productividad con equidad, flexibilidad con protección, eficiencia con justicia. Y, sobre todo, una norma que todas las partes estén dispuestas a cumplir.
En un país atravesado por crisis recurrentes, el empleo formal, digno y sostenido debe ser una causa común. Porque sin trabajo no hay desarrollo. Y sin desarrollo compartido, no hay futuro.
