Desde que La Voz presentó en febrero pasado un pedido de acceso a la información pública sobre la cantidad de empleados de la Legislatura de Córdoba, la reacción oficial fue una cadena de elusiones que condujo a una respuesta parcial 45 días después.
Las autoridades de la Unicameral se negaron a transparentar información de carácter público, bajo el argumento que sería “estigmatizante” para los empleados de la Unicameral que se supiera que trabajan donde trabajan.
Tras un posterior amparo judicial por mora del Estado, presentado por La Voz, y bajo el escrutinio ciudadano por el caso del exconcejal Gustavo Kraisman —detenido por el presunto cobro de haberes de una “empleada fantasma” en la Legislatura—, las autoridades legislativas entregaron un listado donde quedó transparentado uno de los motivos por los cuales esa información pública se mantenía oculta: al menos 85 exintendentes que estuvieron impedidos de buscar su re-reelección en 2023 revistan como contratados en la Unicameral.
Integran ese grupo 70 exintendentes peronistas, 13 radicales y dos pertenecientes a partidos vecinalistas que debieron adecuarse en 2023 a la conducta republicana de periodicidad de los mandatos que dispuso la ley 10.406. Una reforma del régimen electoral orientada a terminar con la rémora feudal de la autosucesión indefinida de los representantes públicos.
Algunos de ellos recurrieron al atajo del nepotismo para ubicar a familiares en su reemplazo. Pero todos ellos consiguieron del Estado el beneficio de un subsidio de privilegio, para evitar el desafío de volver a sus actividades laborales en el ámbito privado, tras el paso por la función pública.
Ese era el verdadero estigma que la Legislatura intentaba ocultar. La Voz nunca pidió conocer el DNI ni el salario real, ni la dirección, ni el teléfono u otros datos privados de los empleados legislativos. Sólo el detalle de la cantidad de personal, nombre y apellido de cada empleado, categoría y sistema de control de desempeño. Información que es de carácter público según los términos de la ley provincial 8.803, de Acceso al Conocimiento de los Actos del Estado.
La opacidad de la reacción oficial nunca estuvo fundada en la pretendida protección de la privacidad de los trabajadores legislativos, sino en la necesidad de disimular el atajo corporativo que distintas organizaciones políticas convinieron realizar para ofrecerles a sus exintendentes desempleados una generosa pasantía solventada con el presupuesto público. Esa es la mancha que se intentó esconder.
Correspondería ahora esperar de quienes alguna vez fueron elegidos en sus ciudades y comunas como destacados funcionarios públicos el gesto voluntario de prescindir de ese atajo que desdora la confianza que alguna vez inspiraron en la ciudadanía.
Si es verdadero el compromiso de los partidos políticos con su discurso sobre la ética republicana, el único accionar consecuente tras haberse conocido el verdadero estigma de la Unicameral sería desarmar la trama oculta de esa Legislatura paralela conformada por intendentes que se quedaban sin sueldo.
En el mismo sentido, proveería a una mejora democrática actualizar la normativa de acceso a la información pública para garantizar de mejor modo el principio de transparencia activa y sancionar a los funcionarios que nieguen datos sin causa justificada.
