El 2 de diciembre de 2009 fue sancionada en Argentina la ley 26.571, conocida como “Ley de democratización de la representación política, la transparencia y la equidad electoral”.
De esa manera se instauraron, entre otras novedades, las Paso (primarias abiertas, simultáneas y obligatorias).
Abiertas, porque toda la ciudadanía –afiliada o no a algún partido– participa en la selección de candidatos (a presidente y a diputados y senadores); simultáneas, porque quienes se precandidatean dirimen su postulación para la elección general en la misma fecha y en el mismo acto eleccionario; obligatorias, para quienes tengan entre 18 y 70 años (voluntarias para mayores de 70 y para jóvenes de 16 a 18 años).
El actual Gobierno nacional manifestó su voluntad de eliminar esta herramienta electoral, con dos argumentos centrales: el costo fiscal y el escaso uso que las fuerzas políticas dieron a las primarias.
En relación con lo primero, el jefe de Gabinete de ministros de la Nación, Guillermo Francos, dijo que “el proceso electoral de 2025 para elegir diputados y senadores nacionales tendrá un costo estimado de más de 500 millones de dólares, entre Paso y elecciones generales”. Y precisó que “si elimináramos las Paso, se ahorraría entre 35% y 40% de esa suma. Es decir, más de 150 millones de dólares”.
Respecto del segundo argumento, es cierto que la mayoría de los partidos políticos y de las alianzas electorales nunca llegaron a dirimir realmente candidaturas con esta herramienta y que, por el contrario, las definían puertas adentro.
También vale recordar que en la agitada Argentina, las Paso trajeron a veces más inestabilidad y zozobra –institucional, económica y política– en el período que seguía hasta la elección general.
Y si bien estas consecuencias quizá tuvieron que ver más con la forma en que se utilizaron que con su verdadera naturaleza y potencial, puede que debamos aceptar que vivimos en un país en el que las primarias son difíciles o imposibles de realizar con su espíritu original. Y, en este caso, sí constituyen un costo innecesario.
Sin embargo, todas estas cuestiones debieran debatirse a conciencia, lejos de fechas electorales y sin especulaciones relacionadas con el armado político para los próximos comicios, en especial del partido oficialista. De otra manera, ninguno de los argumentos esgrimidos por el Gobierno nacional tendría validez.
Además, la ley 26.571 también modificó en su momento los requerimientos de los partidos políticos para presentarse en elecciones nacionales, la Ley Orgánica de los Partidos Políticos (23.298) y la Ley 26.215 de Financiamiento de los Partidos Políticos.
Por eso mismo, no se trata de eliminar de un plumazo sólo las primarias, sino todo un conjunto de normas más abarcativas.
El debate debe ser profundo, a conciencia, participativo. Y tiene que incluir a cada parte afectada. Sería deseable que esto se pensara en relación con el bienestar de toda la sociedad y no de un solo sector o sectores que sólo actúan en función de intereses particulares.
¿Cambiaremos lo suficiente como para que este tipo de cosas empiecen a suceder en la Argentina?
