La situación del complejo hotelero de Embalse, en el Valle de Calamuchita, ha alcanzado un límite que no admite más dilaciones ni parches superficiales. Lo que nació en la década de 1950 como un emblema del turismo social —una política diseñada para que familias de trabajadores y de escasos recursos pudieran vacacionar con subsidios estatales— hoy se presenta como un testimonio de la desidia y de los problemas administrativos del país.
Tras más de 30 años en los que sucesivos gobiernos nacionales permitieron la caída de su infraestructura, esas enormes instalaciones en las sierras de Córdoba se encuentran en un estado avanzado de deterioro, y el problema debe afrontarse antes de que sea demasiado tarde.
La complejidad de la situación es profunda y ofrece múltiples facetas. Por un lado, nos encontramos ante un predio de grandes dimensiones, con más de 600 hectáreas forestadas junto al lago más grande de la provincia, un predio que fue declarado Monumento Histórico Nacional en 2013. Sin embargo, la realidad material impone actuar con cierta urgencia: de los siete hoteles originales, la mayoría no está operativa; uno se halla en estado de abandono total y otros muestran un deterioro avanzado por la falta de mantenimiento. Incluso los dos hoteles que iniciaron la temporada actual bajo gestión estatal registraron un movimiento casi nulo tras la quita de subsidios, lo que demuestra que el modelo actual está agotado.
Antes que nada, hay que aceptar una premisa básica de gestión pública: un hotel no puede funcionar a pérdida durante décadas. La reciente resolución 2/2026 de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), que busca la “racionalización del patrimonio inmobiliario estatal”, debe ser el punto de partida para un plan definido y racional. No se debe permitir que las instalaciones se deterioren un día más, pues cada filtración de agua o ventana rota disminuye el valor de un activo que pertenece a todos los argentinos.
Este plan debe ser capaz de equilibrar la historia con las realidades actuales del turismo. No se trata de una enajenación ciega; la intervención de la Comisión Nacional de Monumentos debe garantizar que cualquier concesión o privatización asegure la preservación y la restauración de los hoteles, los senderos y el entorno natural. Es posible modernizar la oferta de esparcimiento y atraer inversión privada sin traicionar la esencia arquitectónica y social del complejo.
Finalmente, es momento de convocar a todas las partes interesadas a resolver la cuestión del modo más conveniente para la región. El conflicto no debe quedar atrapado en la retórica de la lucha gremial o en la parálisis legislativa. Es necesario superar sesgos ideológicos e intereses sectoriales para priorizar una solución lógica: transformar un “bien innecesario” o “sin destino” en un motor de desarrollo económico y turístico para Calamuchita.
La nostalgia por el pasado no puede transformarse en una excusa para el abandono del presente. Embalse merece un futuro sustentable, que sólo podrá construir con un plan definido que contemple su realidad cultural y económica.
