El Servicio Penitenciario de la Provincia de Córdoba viene sacudido por un entramado de corrupción que pone en el mismo nivel de responsabilidades a altos jefes de esa institución y a delincuentes de frondosos prontuarios.
Se trata de una matriz de presuntas complicidades internas de tal dimensión que la Justicia ordenó la detención preventiva de una decena de uniformados, entre ellos, el propio jefe del servicio, Juan María Bouvier, quien estaba en ese cargo desde hace 15 años.
Pero el desparpajo y la acumulación de pruebas no parecen tener límites: aún en el fragor del escándalo, un camión que transportaba carne fue descubierto días atrás en el ingreso a la cárcel de Bouwer con algo más que los cortes de carne que habían salido del frigorífico.
Como dimos cuenta en un informe sobre el tema, sobre la base de testimonios de fuentes oficiales, en el camión carnicero fueron hallados casi dos kilos de picadura de marihuana, 14 gramos de cocaína, una generosa cantidad de psicofármacos, teléfonos celulares de última generación y, para no quedarse cortos, una botella de bebida alcohólica.
Tamaña tarea para los fiscales de instrucción a cargo de la investigación, ya no sólo del aludido rodado térmico, sino también de un gigantesco engranaje de corrupción cuyo modus operandi sorteaba sin demasiado esfuerzo las más elementales medidas de vigilancia en la principal cárcel del Servicio Penitenciario de Córdoba.
Habrá que indagar a fondo sobre los alcances de las redes de connivencia y erradicar de una vez las tropelías que tienen como escenarios a la mayoría de los presidios del territorio cordobés.
Nada parece ser novedoso en esto de convertir a los institutos carcelarios (no sólo de Córdoba) en una suerte de compraventa de elementos prohibidos. Vale la reiteración: nada sería posible sin la presunta participación en grado de coautores de guardias y de alguna “protección” desde más arriba.
Tomando como molde la añeja frase “atando cabos” para intentar llegar al fondo del asunto, vale recordar las imágenes de presos que se filmaban con celulares dentro de las celdas, blandiendo armas y profiriendo amenazas de distinto calibre.
¿Cuándo comenzó este ingenioso ardid de ingresar camufladas en una media res drogas pesadas y aparatología de comunicación de alta gama?
Las averiguaciones en sede judicial deben ser conducentes no sólo para poner freno a estos delitos de intramuros, sino también en dirección a llegar a los más altos niveles de responsabilidad carcelaria y política, si así lo ameritara la carga probatoria.
A la luz del grado de corrupción, nadie puede sentirse, por ahora, ajeno al devenir de una tramitación procesal con ribetes impensados.
En bien de la tranquilidad ciudadana que mira con asombro los hechos mencionados, y de no dañar la imagen del Gobierno provincial recién asumido, hay que poner bajo riguroso control a las mafias que operan desde las cárceles y caer con el peso de la ley a quienes fungen de cómplices internos.
