Es un clásico de todos los años cada vez que comienza el ciclo escolar en sus distintos niveles: medidas de fuerza de los gremios docentes por cuestiones salariales y una cifra no determinada de establecimientos escolares que presentan serios problemas edilicios. Entre estos, se destacan el faltante casi general de elementos sanitarios que ya fueron a parar a las guaridas de los delincuentes.
Con el desmadre inflacionario que no permite manejar números ciertos más allá de los 30 días, se podría admitir que la discusión paritaria se desarrolle aún al filo del comienzo de clases (lo cual no justifica de ningún modo que se eche mano a un paro de actividades el mismo día que se abren las aulas).
Pero otra cosa muy distinta es el tiempo disponible (y que no se aprovecha) para reparar los colegios con problemas estructurales. En este caso, la prevención y la mano de obra deben ser las principales herramientas para no llegar a marzo con algunas escuelas que no tienen siquiera un cerco perimetral que, al menos, le haga un poco más difícil la tarea a los delincuentes que roban hasta los inodoros.
Es tradicional que los cálculos respecto de los niveles de adhesión a las huelgas sean opuestos según quien los difunda. Y en el caso que nos ocupa, ocurre lo mismo. Como informamos días atrás, mientras la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) afirma que en la ciudad de Córdoba hay unos 180 establecimientos con problemas de diverso orden, desde el Ministerio de Educación de la Provincia relativizaron la cifra sindical y aseguraron que las escuelas con inconvenientes son menos de una decena. Como se observa, la diferencia es abismal, por lo que es factible sopesar que alguna de las partes –o ambas, con intereses contrapuestos– no estaría haciendo bien las cuentas.
Con todo, habrá que repasar los archivos para constatar que, aun en pleno desarrollo del ciclo lectivo en todos sus niveles, se suelen escuchar las quejas de docentes y de padres y madres de los alumnos por la falta de mantenimiento de algunos edificios que presentan desperfectos en las aulas y en áreas esenciales, como los baños y los sistemas eléctricos, a lo que hay que añadir el faltante del citado enrejado perimetral.
Como no podía estar ausente, aquí también se sienten los efectos nocivos de la inseguridad urbana. Los atracos a escuelas en la ciudad de Córdoba alcanzan una dinámica casi diaria en algunas zonas barriales favorecidas por el módico o nulo servicio de luminarias públicas, según indican los educadores.
¿La ola de robos en Córdoba llegará al extremo de poner un policía adicional a tiempo completo en cada uno de los establecimientos educativos? La idea no es disparatada y forma parte de los reclamos que se ventilan en las direcciones escolares.
Claro que esta matriz orillera no debe eludir las responsabilidades de las autoridades del área de Educación, en la misión de subsanar los deterioros que (en paralelo con las demandas salariales) transforman el inicio de clases en una desventura.
