Transitamos días en los que las estafas y los escándalos ocupan los primeros planos de la información, con impacto en una sociedad en grado de asombro.
Se trata de situaciones operadas por sujetos de escasa moralidad integrados a bandas de malhechores que no tienen límites para perpetrar ilícitos con fines de lucro económico, aun cuando esté en riesgo la salud de las personas.
Es el caso de las reiteradas defraudaciones a las obras sociales, en particular a las de mayor volumen de afiliados, como la Administración Provincial de Seguro de Salud (Apross) y la de jubilados nacionales (Pami).
Como venimos informando sobre esta problemática, ya son numerosos los detenidos por la Justicia en virtud de procedimientos que llevan varios años. Pero, pese a las intervenciones de las fiscalías correspondientes, no han logrado erradicar a los estafadores que retiran medicamentos de alto costo mediante el viejo ardid de las recetas falsas.
Lo más grave de las referidas acciones delictivas radica en que los remedios malhabidos terminan en el mercado negro, donde se los vende a valores más bajos de los que figuran en los precios de lista.
Y es en esta instancia de las estafas donde se deben activar los resortes judiciales y policiales para evitar el riesgo que implica para una persona comprar remedios por fuera del circuito legal.
En Córdoba, la mayoría de los objetos robados van a parar a las cuevas clandestinas. Ahora sabemos que, además de neumáticos y de teléfonos celulares (entre los más vendibles), también se trafican productos medicinales prescriptos para el tratamiento de enfermedades oncológicas, neurológicas y de la diabetes, con preeminencia en la insulina.
Los métodos fraudulentos son conocidos y se ajustan al comunicado difundido por Apross. La maniobra consiste en la confección y utilización de recetas médicas falsas tanto en formato papel como digital. Para ello falsifican la firma y el sello de un profesional, además de adulterar el documento de identidad de un afiliado empadronado que no sabe del consumo registrado a su nombre.
Pero vale la prevención: además de las estafas con un impacto económico para las prestadoras como Apross y Pami, se pierde la trazabilidad de los remedios, lo cual pone en duda sus propiedades, con el consiguiente peligro para los pacientes, pues se trata de procesos clínicos de cierta complejidad.
¿Quién controla en este mercado clandestino la cadena de frío de un producto?, se preguntan los especialistas, por citar una sospecha.
Está probado que las ramificaciones exceden los límites de la provincia de Córdoba. Por ello, las investigaciones deben orientarse hacia un esquema a escala nacional, en el que prevalezca la interacción policial y judicial.
Es intolerable que el mercado negro siga avasallando los circuitos legales de todo orden; en el caso que nos ocupa, el de la salud pública. Motivo más que suficiente para que el Estado y los organismos de rigor no permanezcan indiferentes.
