Todo parece indicar que la Legislatura de Córdoba cerrará el año aprobando una ley a favor de la denominada “ficha limpia”. El acuerdo entre el oficialismo y los legisladores del radicalismo fue anunciado por el ministro de Justicia y Trabajo, que tuvo a su cargo las gestiones. La fecha para su tratamiento en el recinto sería el 27 de diciembre.
La legisladora radical Brenda Austin y la oficialista María Victoria Busso son las autoras de los dos proyectos hoy vigentes en la Legislatura provincial. En la reunión convocada por el ministro Julián López, se compatibilizaron sus propuestas. De esta manera, el tratamiento en comisión permitirá contar con un único dictamen.
La coincidencia básica radicaba en impedir la candidatura a cargos electivos provinciales de aquellas personas que tengan una condena en segunda instancia. El radicalismo sumó el pedido para que el impedimento alcance también a funcionarios provinciales. El oficialismo estuvo de acuerdo.
Así, la ley cordobesa contaría con doble restricción, como ocurre en Mendoza y en Chubut o como lo marca en el interior provincial la ordenanza que aprobó en abril pasado el Concejo Deliberante de Río Tercero.
En cuanto a los delitos a tener en cuenta para inhibir candidaturas electorales o nombramientos en la administración pública, se acordó abarcar todos los delitos dolosos de pena privativa de la libertad, comprendidos tanto en el Código Penal como en las leyes especiales.
La noticia es positiva. No sólo porque es una clara demostración de que oficialismo y oposición pueden dialogar y consensuar proyectos que responden a demandas de la sociedad, sino porque además representa un cambio significativo en el posicionamiento del peronismo frente al tema.
Nadie podrá negar que el gobernador Martín Llaryora decidió que sus funcionarios y sus legisladores buscarán con premura un acuerdo con el radicalismo a la luz de la repercusión negativa que generó en la sociedad el fracaso de la sesión de la Cámara de Diputados de la Nación donde se trataría un proyecto similar. En ese caso, recordemos, no se alcanzó el cuórum por la ausencia de numerosos diputados libertarios.
El impacto negativo en la imagen de Javier Milei fue inmediato. Llaryora, que busca diferenciarse de Milei en todo lo que esté a su alcance, decidió aprovechar la oportunidad.
En los últimos tres años, el peronismo cordobés evitó que la “ficha limpia” fuera debatida en la Legislatura. El exlegislador radical Marcelo Cossar era quien impulsaba un proyecto de esas características.
Como el peronismo, legislativamente hablando, se acostumbró a copiar los proyectos que le han interesado para que la discusión en la Unicameral girase sobre sus propuestas y no sobre las de la oposición, cuando Juan Manuel Cid presentó un proyecto que impedía candidatearse a quienes tuviesen una condena firme, varios pensaron que por fin la propuesta llegaría al recinto. No fue así.
No hay mal que por bien no venga, dice el refrán. La “ficha limpia” debiera regir en todo el país y para todos los niveles de gobierno. De momento, parece que Córdoba por fin la pondrá en funcionamiento en pocas semanas.
