El Fondo Monetario Internacional (FMI) difundió un nuevo pronóstico sobre la economía mundial, con malos datos sobre la actividad en la Argentina y las perspectivas de inflación.
El Fondo prevé que la economía caerá este año 2,3 por ciento, al modificar una previsión anterior que estimaba un leve crecimiento, al tiempo que proyecta una suba de precios de 120 por ciento en el año.
Semanas atrás, otro informe del organismo aludía a las condiciones críticas de la economía local, mientras sugería un mayor ajuste en las cuentas públicas, un aumento de las reservas del Banco Central y una devaluación del dólar oficial.
Este tipo de señalamientos generaron, como es habitual, una reacción espasmódica en el oficialismo, en especial en el kirchnerismo duro, que reclama una ruptura con el FMI.
A ese discurso se sumó ahora el ministro de Economía y precandidato, Sergio Massa, quien modificó sus posturas moderadas y de entendimiento del rol del organismo en la economía global.
Argentina ha tenido y tiene una relación traumática con el FMI, alentada por las gestiones de signo peronista que ejercieron el gobierno en 28 de los 40 años del retorno de la democracia.
A esa posición se suman sectores de izquierda, los cuales no han comprendido los cambios producidos desde la caída del Muro de Berlín, en 1989, por lo que aún evalúan la realidad con viejos eslóganes.
Además, hay un uso emocional de las críticas al FMI, que se repite irremediablemente en cada campaña electoral.
La difícil negociación de la quinta revisión del acuerdo que firmó el actual Gobierno con el Fondo no contribuye a definir parámetros claros para la actual gestión y las futuras administraciones.
El FMI asume las exigencias que plantean Massa y su equipo con cierta culpa por haber otorgado el mayor préstamo de su historia a Mauricio Macri, por 44 mil millones de dólares. Esos fondos se fugaron rápidamente en manos de inversores especulativos, a los que no supo contener la anterior administración.
Argentina no renuncia a su tradición cultural de que el Estado puede gastar lo que sea necesario, sin reparar con qué recursos y de dónde se obtendrán para afrontar los gastos, que siempre superan a los ingresos.
Massa y la vicepresidenta Cristina Fernández están dispuestos a sostener una cotización artificial del dólar oficial, para evitar una mayor inflación y un impacto negativo en las elecciones.
Sin embargo, industriales y comerciantes están fijando sus precios por las expectativas de los costos de reposición, lo que alienta una de las inflaciones más altas del mundo.
No hay sinceridad en las posiciones que asume el Gobierno ante el Fondo, ni tampoco en la comunicación a la sociedad de los compromisos que se firman en Washington.
El país debe superar este trauma en la relación con el FMI; sentar las bases de un crecimiento sólido y comunicar el largo derrotero que debe atravesar la economía para recuperar la calidad de vida de décadas pasadas.
Toda acción en contrario significa profundizar la decadencia y malquistar una relación necesaria.
