La Cámara Nacional Electoral (CNE) confirmó el procesamiento de cuatro apoderados partidarios acusados de articular un fraude que utilizó el sistema de financiamiento electoral para apropiarse de recursos públicos destinados a la impresión de boletas.
La resolución ratificó el fallo de primera instancia y afirmó que existe un conjunto sólido de pruebas que compromete a los imputados.
Este pronunciamiento volvió a poner en primer plano una modalidad de defraudación que se valió de la simulación de competencia electoral y que afectó de manera directa la transparencia del proceso democrático.
La causa comenzó en julio de 2023, cuando el juzgado federal con competencia electoral detectó irregularidades graves en las listas presentadas por las agrupaciones Justicia y Dignidad Patriótica, Proyecto Joven, Encuentro Republicano Federal y Esperanza del Pueblo. Algo que diversas investigaciones periodísticas venían advirtiendo.
La Justicia observó que estas listas incluían a personas fallecidas, ciudadanos que desconocían su nominación y postulantes que jamás habían dado consentimiento para integrar un armado político. El relevamiento de la causa señaló que, sobre 228 precandidaturas investigadas, 170 no fueron ratificadas por quienes aparecían en los listados.
El nivel de irregularidad mostró que las agrupaciones no buscaban competir en las primarias (Paso), sino multiplicar listas internas con el único fin de activar el mecanismo que asignaba fondos por cada nómina presentada.
Ernesto Habra, apoderado de Encuentro Republicano Federal, recibió el procesamiento más amplio, debido a su participación en cuatro hechos y a su relación directa con la imprenta DWP SRL, cuyo control compartía con su cónyuge y con un socio.
Sergio Medrano, de Justicia y Dignidad Patriótica, entregó su firma digital y sus libros partidarios para que otros operaran con libertad.
Yamil Salerno, referente de Proyecto Joven, quedó comprometido en un caso donde 43 de 47 precandidaturas declararon que nunca aceptaron su postulación.
Matías Burgos, de Esperanza del Pueblo, quedó imputado por tentativa de defraudación.
La arquitectura de este fraude se basó en un cálculo financiero. La Corte Suprema de Justicia estableció que cada lista interna habilita un monto específico para impresión de boletas. Los partidos involucrados multiplicaron listas para acceder a sumas extraordinarias. Proyecto Joven recibió más de $ 352 millones, y Justicia y Dignidad Patriótica superó los $ 124 millones.
Los fondos se concentraron casi de manera exclusiva en contratos con la imprenta DWP SRL, mientras la causa demuestra que la impresión de boletas no se realizó o se efectuó de modo parcial.
La causa invita a recordar un punto central del debate electoral: la boleta única reduce casi totalmente la posibilidad de fraudes asociados a la impresión masiva de boletas. Su implementación ya mostró resultados alentadores en materia de transparencia.
Sin embargo, ningún instrumento normativo resulta suficiente si persisten actores dispuestos a torcer las reglas.
El sistema democrático necesita vigilancia permanente contra trampas que ensucien el juego electoral, habiliten maniobras corruptas y permitan que recursos estatales terminen en esquemas de estafa y robo.
Este caso ofrece la oportunidad de fortalecer esos mecanismos y de que estas maniobras se repitan.
