El sistema de atención de la salud pública muestra falencias desde hace tiempo, por circunstancias diversas. Se podrían mencionar cuestiones gremiales que llegaron a paralizar la normal prestación en clínicas y en hospitales, y también la compleja realidad de las obras sociales, sobre todo las más chicas de procedencia sindical.
Pero hay una situación emergente que ningún organismo gubernamental de alcance nacional o provincial debe dejar de atender: el debido tratamiento y la provisión de medicamentos para pacientes oncológicos. El problema se potencia a niveles preocupantes cuando se ponen en la balanza los precios de los medicamentos prescriptos según el tipo de cáncer detectado.
Como dimos cuenta en un informe que publicamos días atrás, en la provincia de Córdoba, como en toda la Argentina, se han reportado inconvenientes en el acceso a las drogas que necesitan los pacientes oncológicos para sobrevivir. A ello se suman los engorrosos trámites burocráticos que deben afrontar para una adecuada atención, como también en relación con las demoras en recibir un fármaco.
En este contexto, reaparecen los pases de responsabilidades entre las autoridades sanitarias del Gobierno nacional y las de la Provincia. Como bien definió una mujer afectada de cáncer, “se tiran la pelota unos con otros y al final el hilo se corta por lo más delgado”.
¿Alguien podrá entender el impacto emocional que sufre una persona diagnosticada con cáncer?
En línea con aquello de “tirarse la pelota”, no es la primera vez que desde el Ministerio de Salud de la Nación alegan que “son las provincias las encargadas de garantizar la medicación oncológica”. Luego de admitir que el trámite es “engorroso”, se despegan del tema con el argumento de que si una provincia manifiesta su imposibilidad del suministro del fármaco recetado, recién entonces el paciente debe acudir a las instancias del Gobierno nacional.
Un escenario reñido con el carácter “solidario” en el que se encuadra el sistema de salud en la Argentina.
Es intolerable que, como relató una mujer, las drogas tipo estándar que necesitaba para su tratamiento de quimioterapia costaran “12 millones de pesos”. Con aclaraciones creíbles, desde la obra social le dijeron que si accedían a esa cobertura, se fundían.
El Estado, la sociedad en general y los equipos de salud deben tomar conciencia de que se trata de afecciones muchas veces irreversibles y que la dependencia de un medicamento será crucial. Sin omitir que, con los avances de la ciencia médica en el mundo, muchos tipos de cáncer son curables.
Con todo, el punto saliente por resolver (aun con los trámites enmarañados de por medio) se relaciona con la provisión de medicamentos y sus demoras; en algunos casos, con esperas de dos meses para tipos de tratamientos que no permiten suspender las dosis.
Sin embargo, en medio de la crisis que sacude al país, resulta penoso que mucha gente en situación de pobreza abandone la medicación por razones de costos. Y no sólo en enfermedades oncológicas.
