Los recortes de pensiones que aplicó el Gobierno nacional en el área de discapacidad tenían por objetivo retirar el beneficio a personas que no presentaban insuficiencias físicas para ser consideradas como tales y que habían sido empadronadas de manera irregular o por presuntos favores políticos, como se probó en algunas provincias.
Sin embargo, a tenor de las protestas que embandera la comunidad de la discapacidad en la Argentina, parece que la administración de Javier Milei aprovechó aquella quita de beneficios mal otorgados para recortar también a miles de pacientes con probada discapacidad.
No es novedoso que de manera periódica se levanten voces de repudio por una política de desatención a las personas más vulnerables. Por ello, y en el marco de un plan de lucha que se concretó por estos días en todo el país, se planteó además el malestar de los profesionales y los dependientes de las distintas áreas de gestión pública y privada por las “largas demoras” en las que incurren las obras sociales en materia de pagos. Entre otras, se menciona como morosa a la Administración Provincial del Seguro de Salud (Apross).
La gravedad del problema estriba en que, además de las pensiones, los pacientes con discapacidad o invalidez laboral pierden la obra social, lo que los deja a la deriva, sin recibir las prestaciones más esenciales para su salud.
A esta enumeración de inconvenientes de vieja data se agrega, según alegan los profesionales del sector, la “extrema precarización laboral” que afecta a quienes prestan tareas en el extenso y sensible ámbito de la discapacidad.
Y la pobreza, que degrada en lo social y que no parece ser motivo de alerta para muchos mandatarios, hace lo suyo. Por caso, la perplejidad trepa a niveles de desconsuelo cuando se observa a una persona con discapacidad mendigando en la vía pública.
El Estado, con sus organismos de contención, a menudo está ausente. Todo ello sin contar las personas con discapacidad que viven en situación de calle.
El conglomerado asistencial es extenso y cada prestador reclama por sus derechos, mientras el Gobierno nacional sigue embarcado en nuevas podas presupuestarias. A los equipos de salud enfocados en los pacientes con discapacidad se suman los transportistas, los centros de día y los hogares comunitarios que funcionan en todo el país. Un efecto de carencias insostenible, que forma la parte central de las protestas.
En referencia a los servicios de traslados, Juan Brancatto, titular de la Asociación de Transportistas para Personas con Discapacidad de la Provincia de Buenos Aires, dijo que hace seis meses recibieron el último aumento, de un módico 0,5%.
Por otra parte, los requerimientos de la comunidad se extienden al Congreso Nacional, para presionar a los legisladores por el tratamiento del proyecto de ley de emergencia en discapacidad, un instrumento que podría poner coto a la obsesión fiscal del poder central.
Un ajuste económico no debe cercenar derechos colectivos. Y la atención de la discapacidad es una prioridad.
