El intendente de Pehuajó, Pablo Zurro, le presentó al Concejo Deliberante de su ciudad un proyecto de ordenanza que propone declarar “persona no grata” a todos los legisladores nacionales que voten favorablemente la “ley ómnibus” que el presidente Javier Milei envió al Congreso.
Lo justificó señalando que, “después de los 12 años gloriosos que vivió nuestro país con Néstor y Cristina, empezó una decadencia brutal”. Y como la presidencia de Alberto Fernández “no estuvo a la altura de las circunstancias”, llegamos a “este momento –dijo– con un ajuste brutal, una entrega de la Patria” que causará “una crisis de proporciones significativas”.
Por supuesto, Zurro, como cualquier ciudadano, tiene derecho a expresarse y a comunicar su evaluación del pasado y del presente del país. Obtendrá, como es lógico, apoyos y críticas por ello. Pero es signo de una irresponsabilidad mayúscula que haya apelado a su condición de intendente para legislar un castigo simbólico en su jurisdicción a los miembros del Congreso nacional que contradigan su opinión en el tratamiento de una ley.
El principio más básico del sistema democrático remite al respeto del pluralismo ideológico y al consiguiente gobierno de las mayorías con el acompañamiento colaborativo o crítico de las minorías, en igualdad de condiciones.
En democracia, nunca hay una sola opción virtuosa frente a un amplio abanico de ofertas defectuosas. Esas evaluaciones siempre son subjetivas; dependen de la ideología de quien las formula. Eso las relativiza. Por eso mismo, se parte de la premisa a favor de la libertad de expresión, ya que termina siendo la sociedad en su conjunto la que, no sólo a través de las elecciones, interviene a favor o en contra de las alternativas que la dirigencia formula.
Zurro es intendente de Pehuajó desde 2007, en representación del peronismo. Va por su quinto mandato consecutivo. Supo obtener entre el 49% y el 69% de los votos. O sea que entre un tercio y la mitad de la población de su ciudad no lo ha votado. ¿Podría haber declarado “persona no grata” a todos los vecinos que no lo votaron? ¿Podría haberlo hecho con los concejales que los representaban?
Claro que no. Hubiera tomado una medida expresamente antidemocrática. Pues bien, la medida que Zurro quiere aplicarle a los diputados y senadores nacionales que voten favorablemente el programa de Milei es antidemocrática.
La semana pasada, antes del paro convocado por la CGT, Héctor Daer, secretario general de la central obrera, lanzó una fuerte amenaza a los diputados de los bloques dialoguistas: “No van a poder caminar por la calle”, dijo, si entregan el Banco Central y permiten la privatización de empresas del Estado, entre otras medidas incluidas en la “ley ómnibus” que merecieron su rechazo.
Un paro y una manifestación callejera son actos democráticos de protesta frente al rumbo que pretende fijar un gobierno cualquiera. Criticables, si se quiere, pero democráticos. Una amenaza, en cambio, es una declaración antidemocrática que alienta la violencia.
En este punto, no podemos dudar o ser tolerantes. Las actitudes antidemocráticas deben ser reconocidas y repudiadas por el conjunto de la sociedad.
