Habrá que admitir que los incendios forestales en la provincia de Córdoba detonan todos los años para esta época de sequías pavorosas y de vientos que avivan las llamas en cuestión de segundos, o que las expanden de un lado a otro.
No es factible omitir, además, que el calentamiento global y el consecuente cambio climático vienen causando estragos naturales de inédita magnitud en extensas zonas pobladas.
Mutaciones que van dejando las huellas de destrucción al ritmo de copiosas inundaciones (a menudo con resultados trágicos) o, desde un efecto contrario, por las prolongadas sequías que convierten los suelos forestales y de bosques nativos en peligrosos materiales combustibles.
El fenómeno ha vuelto a ser noticia por estos días en parajes turísticos del territorio cordobés, con el agravante de que la aproximación de las llamas a zonas urbanas obligó a evacuar viviendas seriamente amenazadas, como ocurrió en Villa Yacanto (departamento Calamuchita) y en Villa Ciudad de América (departamento Santa María).
Los focos se reiteraron en otras zonas ya castigadas por estas manifestaciones ígneas. Entre ellas, Santa María de Punilla, Villa General Belgrano, San Agustín y Valle Hermoso.
Frente a semejante destrucción del medioambiente y de la fauna silvestre, el peor camino que podemos tomar es el de la resignación. Es decir, caer en el facilismo de que Córdoba se enumera entre las regiones bajo riesgo continuado de quemas forestales y no asumir las prevenciones.
Nunca estará de más insistir en que la mayoría de los incendios son provocados con fines diversos, ya sea por una acción declaradamente intencional y delictiva o por sujetos irresponsables que meten chispa a una zona de pastizales con el fin de “limpiar” y expandir áreas de utilidad productiva.
Es de ponderar las acciones que ejecutan las autoridades pertinentes del Gobierno de Córdoba. Sin embargo, poco se conoce de sanciones a quienes infringen las leyes de competencia nacional y de las provincias referidas al manejo del fuego.
Las normas establecen los parámetros mínimos de protección ambiental en materia de incendios forestales y rurales. Además de fomentar las acciones en resguardo de la población y del medioambiente, se fijan sanciones a los infractores (en Córdoba, incluso con detenciones).
Queda como epílogo de este entramado flamígero que la alerta temprana es una de las recetas para evitar que sigamos sumando miles de hectáreas arrasadas.
En numerosos reportes publicados por La Voz acerca de esta problemática, se dio cuenta de los efectos devastadores que van dejando los incendios cada año. Son cuantiosas las hectáreas quemadas como para no tomar las medidas pertinentes. No se puede confiar en que los bomberos voluntarios resolverán las inclemencias a fuerza de una entrega sacrificada y, a veces, al límite de la resistencia física.
Son muchos los héroes de la batalla contra las llamas y el viento, pero se requiere algo más: la prevención oportuna y el compromiso colectivo.
