Temerosa de ser víctima de la inseguridad urbana, la sociedad observa con preocupación los reportes que dan cuenta de las transgresiones de distinto pelaje cometidas en el ejercicio de su función por los servidores públicos encargados de protegerla.
Ello tiene directa relación con los miembros de la fuerza de seguridad de la Provincia de Córdoba que se encuentran sumariados de manera interna o bajo procesos judiciales por delitos gravísimos, como el de homicidio en el marco del llamado “gatillo fácil”.
Lo cierto es que cada vez que se renueva la polémica por estos actos de indisciplina, la opinión pública pone el foco en la preparación profesional de los policías. Es decir, si se cumplen los estándares de adiestramiento generales para que hombres y mujeres vistan el uniforme y sean portadores de un arma de fuego reglamentaria provista por el Estado.
Un informe que publicamos días atrás viene a ratificar un contexto de inconducta que no ha sido superado en el tiempo, aun con el cambio de autoridades políticas y de la jefatura de la institución.
En efecto, un relevamiento del Tribunal de Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad concluye que en sólo tres meses se labraron 720 causas contra miembros de la Policía, del Servicio Penitenciario y de la Fuerza Policial Antinarcotráfico. Además, a tenor de la gravedad de la falta en cuestión, se les retiró el arma a unos 100 agentes. A estos trámites internos, habrá que sumar las causas que se ventilan en la Justicia por delitos de orden criminal, entre los que se cuentan los crímenes de los jóvenes Blas Correa y Joaquín Paredes, dos casos que tuvieron amplia repercusión pública y una repulsa generalizada.
Son demasiados prontuarios y procesamientos en sede judicial como para que el nuevo organismo disciplinario, que fue puesto en funciones a fines de diciembre pasado, alcance la ansiada y compleja meta de devolver credibilidad a las fuerzas de seguridad, opacadas por el descreimiento social.
Las causas en estado de análisis por el organismo de control llegan a alcanzar tal gravedad que algunas serían motivo de destitución. Habrá que aclarar que cuando se dice “agentes” es para disponer una referencia general, pero en materia de malas artes funcionales están involucrados también altos oficiales de la fuerza.
Queda claro, también, que las pujas internas y las conspiraciones por viejas pendencias o por espacios de poder no son ajenas a esos desórdenes recurrentes que no contribuyen a poner freno a la ola de inseguridad que tiene en vilo a los vecinos.
La denominada “mala policía” no es patrimonio sólo de los cordobeses. Efectivos infieles y escasos de moral ocupan cargos superiores en la gran mayoría de las fuerzas del orden en todo el país.
Sin embargo, el hecho de que en apenas tres meses se hayan abierto 720 expedientes por causas de distinta gravedad es una luz de alerta para los funcionarios políticos de las áreas pertinentes y para la propia cúpula de la Policía de Córdoba.
