No hace falta más que leer el título de la noticia para sentirse indignado: “Piden al Gobierno nacional que entregue medicamentos para niños con cáncer”. Y para aumentar el nivel de enojo, la crónica revela que el Ministerio de Salud de la Nación se opuso a un recurso de amparo presentado por la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Uno de los argumentos para rechazar el reclamo judicial sostiene que la cartera sanitaria nacional “no es el garante constitucional del derecho a la salud”. Imposible de asimilar de manera racional.
Pero, además, el Estado nacional se despega del tema con el dudoso razonamiento de que el Ministerio de Salud se “autoerige como coordinador operativo” para dejar en manos de las provincias las herramientas tendientes a garantizar ese derecho irrenunciable.
Como informamos el pasado jueves, la polémica escaló en el marco de la citada presentación judicial que emplaza al Gobierno nacional a cumplir con la entrega de medicamentos de alto costo, incluidos los de tratamiento oncológico, interrumpida también en el caso de pacientes adultos de escasos recursos.
Cabe interpelarse cuál es el sentido de la existencia del Ministerio de Salud de la Nación en tanto que desde su dotación de abogados y de su funcionamiento generoso en nombramientos en distintos cargos alegan que ese organismo del Estado no es el “garante constitucional del derecho a la salud”. De ser así, y siempre en medio del estupor, las autoridades podrían ir pensando en bajar las persianas y dedicarse a otra actividad.
Consultado por La Voz, Norberto Navarro Guitart, médico pediatra especialista en hematología y oncología, sostuvo: “Tuvimos pacientes con neurofibromatosis y otro con un problema hematológico que no recibieron la medicación durante el año pasado”. Y lo más grave, agregó, es que en algunos casos se abandonó el tratamiento.
Es una insensibilidad manifiesta y una desatención que se replican en la suba del precio de medicamentos para personas mayores. También propensas a limitar (o suprimir) terapias de patologías crónicas como resultado del elevado costo mensual de remedios específicos.
El problema se complejiza aún más a raíz de la resolución adoptada en 2024 por el Pami, que recortó el acceso a medicamentos clave con descuentos del 100%. La obra social abrió un registro para ingresar a un plan, aunque se trata de tramitaciones algo engorrosas a las que no todos los adultos pueden realizar en función de trabas diversas.
Lo concreto llevado a los números radica en que los precios de los medicamentos, sobre todo los de mayor consumo, registraron subas promedio del 215% desde fines de 2023, superando con creces la inflación medida en ese período.
Todo ello atado a un sistema previsional que impide a miles de jubilados acceder a una prestación básica en materia de salud pública. Huelga señalar que el sistema actual refleja un deterioro significativo que es necesario revertir.
No es posible que la fiebre desreguladora de la administración central impacte en la atención sanitaria de la gente. La salud es un derecho irrenunciable.
