Una parte del elogiable superávit fiscal que el Gobierno nacional registra desde el inicio de su gestión, en diciembre de 2023, obedece a una inexplicable retención de fondos que pertenecen a las provincias.
De acuerdo con el informe de la consultora Politikón Chaco, en los 11 primeros meses del año el Gobierno nacional retuvo recursos sin distribuir de los aportes del Tesoro nacional (ATN) por casi $ 730 mil millones.
Esos fondos se integran con base en la detracción de impuestos que integran la masa de la coparticipación federal, que se distribuye en forma secundaria entre las 24 jurisdicciones subnacionales.
El monto total a entregar de los ATN rondaba los $ 850 mil millones, pero parte de ellos fueron entregados a 15 provincias, sin una distribución igualitaria.
Esos recursos son usados por la administración de Javier Milei para obtener respaldo en el Congreso Nacional para la sanción de determinadas leyes.
La voluntad de ciertos gobernadores, trasladada a los representantes legislativos, obedece a la necesidad de contar con recursos para distintos planes provinciales.
Esta actitud está por encima de los convencimientos personales o de las ideologías que profesan los distintos mandatarios.
La demanda de recursos se basa en el sostenimiento de programas de educación, de salud y de transporte, así como el mantenimiento de rutas nacionales, que el Gobierno nacional abandonó como acciones prioritarias.
La convalidación del superávit en las cuentas públicas se efectúa, entonces, mediante el retaceo en parte de recursos legítimos que pertenecen a las provincias, junto con el abandono de obligaciones que competen al Estado, en la organización del país.
Por caso, la provincia de Córdoba recibe a cuentagotas el aporte para el funcionamiento de la Caja de Jubilaciones de la Provincia, pese a que ese compromiso fue asumido por la Nación con la puesta en marcha en 1994 del anterior esquema de jubilación privada.
Desde ese año, y reforma constitucional mediante, el Estado nacional y las jurisdicciones interiores asumieron el compromiso de modificar el actual régimen de coparticipación de impuestos.
Treinta años después, la distribución de recursos luce numerosos parches en la entrega de la recaudación nacional, que perjudica a las regiones de mayor productividad, en tanto favorece el clientelismo político.
Además de la coparticipación de impuestos nacionales, considerada la columna vertebral del reparto de los fondos que aportan los ciudadanos, existen partidas asignadas a un esquema de distribución no automática, que permite el manejo político de esos dineros por parte de la administración central.
El proyecto de reforma impositiva que el Gobierno presentaría en febrero próximo no sólo debe constituir un alivio en la carga impositiva para empresas y familias. Debe iniciar también el camino para la corrección de numerosas distorsiones.
La permanente apelación al federalismo debe dar señales concretas de que se avanza en modificar los desaguisados producidos por la apetencia política.
Ello tiene que lograrse sin descuidar la atención de las regiones menos desarrolladas, que necesitan de la solidaridad de toda la población.
