Entre fines de diciembre pasado y comienzos de mayo, hubo más de 100 casos de robos y vandalismo en escuelas públicas de la ciudad de Córdoba. Estos afectaron, principalmente, sistemas de ventilación, baños, circuitos eléctricos, aberturas, materiales didácticos y herramientas de trabajo.
Los directores de estas escuelas elevaron un detallado informe al Ministerio de Educación de la Provincia, no necesariamente por pedido de las autoridades sino más bien por los efectos conexos que pueden haber tenido en las instalaciones cada una de estas inesperadas intrusiones.
En no pocos casos se señala, por ejemplo, que algún reflector quedó colgando, lo que implica un peligro para niños y los adultos que asisten a diario; o que se torna urgente volver a soldar las puertas de acceso; o que la escuela quedó sin iluminación externa. En estos informes, entonces, se destacan las reparaciones que se vuelven imprescindibles para un funcionamiento adecuado, más que la necesidad de reponer lo que haya sido robado o destruido.
En marzo, el ministro de Educación provincial, Horacio Ferreyra, aseguró, de todos modos, que los elementos robados o dañados serían repuestos a la brevedad. En ese momento, las escuelas afectadas eran nada más que 37 y el cálculo indicaba que para reparar daños y reponer materiales se necesitaban unos 630 millones de pesos. Pero en unas pocas semanas, la cuestión se amplificó gravemente.
Algunas escuelas cuentan con guardia policial, otras tienen alarma, y la Policía efectúa habituales patrullajes en los alrededores de los colegios ubicados en zonas donde se reportan numerosos hechos delictivos. Nada parece alcanzar para disuadir a los atacantes.
Vandalizar una escuela no es una práctica nueva. Hace años que este diario cubre hechos semejantes, tanto en Córdoba como en el interior provincial. Lo que llama la atención es cómo se ha incrementado el fenómeno. Más de 100 ataques en una sola ciudad y en algo más de 120 días es casi equivalente a un ataque diario, incluidos sábados, domingos y feriados.
Hay quienes lo relacionan con la adicción a las drogas: consumidores jóvenes sin dinero, capaces de robar cualquier cosa para poder comprar la droga que necesitan con urgencia. Otra hipótesis asocia el problema con el aumento de la pobreza: gente desesperada que ve en el robo una alternativa a su acuciante situación.
En cualquier caso, aunque no pueden ni intentan explicar los motivos que provocan el accionar delictivo, hay quienes subrayan que en muchos casos quienes roban son los propios alumnos.
Parece imposible pensar en una dotación policial permanente para cada escuela pública. Las adicciones y la pobreza son complejas realidades que requieren del largo plazo para que las políticas específicas puedan revertir la situación actual, amén de que podríamos acordar que son una minoría los adictos y los pobres que recurren al robo para contener sus necesidades.
Las autoridades, en diálogo con las comunidades escolares, debieran poder encontrar alternativas viables para casos específicos. Alternativas que no sólo contemplen reforzar la seguridad de los edificios, sino también el abordaje del impacto psicológico de la inseguridad en los niños.
