Pueden pasar años sin que nadie advierta que las malas prácticas administrativas en algún organismo del Estado se operan con asombrosa impunidad. Desde otra mirada, es la corrupción que corroe la decencia que debe primar en la función pública.
Lo inquietante reside en que, cada vez que algunos de estos escándalos cobra notoriedad pública, la sociedad observa con cierta resignación el devenir de los hechos, como si ya nada fuera a modificar la arraigada costumbre de corromperse, que a lo largo de décadas ha ganado a dirigentes con altas responsabilidades en el Estado.
En materia de “ollas” contaminadas que se destapan por alguna delación o investigación oportuna de parte de la Justicia, no se puede dejar fuera de foco lo sucedido en el Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC), objeto de posibles irregularidades internas que son objeto de investigación, cuyos ribetes le costaron el puesto (y la detención) al jefe de la repartición, Juan María Bouvier, quien estuvo 15 años en ese cargo.
Lo sorprendente del asunto consiste en que, al cabo de sólo un mes de la intervención al SPC ordenada por el gobernador Martín Llaryora, las requisas en los pabellones y en las celdas de los internos dejaron como resultado el secuestro de cuantiosos elementos de comunicación, de drogas y de resacas de bebidas alcohólicas.
Primera conclusión: si antes se practicaban inspecciones periódicas de esta naturaleza, es de suponer que no superaban la medianía o, en todo caso, se imponía la infalible connivencia interna.
Lo cierto es que, como informamos días atrás, los elementos incautados en las cárceles resultan incompatibles con un esquema de seguridad penitenciaria. Un verdadero minimercado negro al servicio de delincuentes.
Tal como señala la información periodística, la intervención al SPC, a cargo del exfiscal federal Gustavo Vidal Lascano, incautó en el insondable submundo de intramuros 275 teléfonos móviles, 142 cargadores, 143 cables USB y 121 tarjetas SIM.
A no dudar, un verdadero arsenal informático que puede ser la envidia de cualquier empresa privada. Pero hay más: también se secuestraron de las celdas unos 10 kilos de marihuana y 2,4 kilos de cocaína, además de numerosos componentes de psicofármacos y casi una veintena de recipientes de bebidas alcohólicas.
Frente a semejante desmadre en materia de controles, la investigación judicial no se debe agotar en un descabezamiento de cúpulas, sino que debe profundizarse en relación con las responsabilidades punitivas de todo orden, es decir, desde las conducciones carcelarias hasta la tropa de guardias, sin descartar de plano eventuales injerencias políticas. Todo está por verse.
No es novedoso que desde las celdas, y provistos de teléfonos móviles, algunos condenados pesados llegan a ordenar y a hacer ejecutar nuevos delitos y hasta crímenes por cuentas no saldadas. Son sujetos de temer que siempre tienen a mano contactos que cumplen las órdenes.
Demasiadas anomalías y sospechas que deben ser esclarecidas en sede judicial, en bien de devolver al SPC el prestigio perdido hace muchos años.
