El 18 de julio de 1994, una bomba destruyó la sede de la Amia en Buenos Aires, mató a 85 personas e hirió a más de 150. Fue el ataque terrorista más grave en la historia argentina.
Detrás de esa tragedia, se oculta una verdad dolorosa: el crimen aún permanece impune.
Hoy, tres décadas después, un paso clave vuelve a encender la esperanza de justicia.
El juez federal Daniel Rafecas resolvió avanzar con un juicio en ausencia contra 10 acusados iraníes y libaneses, entre ellos, exfuncionarios del régimen de Teherán y miembros de Hezbollah, todos prófugos desde 2006.
La investigación del caso ha apuntado, durante años, a que el atentado fue organizado desde las más altas esferas del régimen iraní, con apoyo logístico y operativo de Hezbollah, tanto en Argentina como en la estratégica zona de la Triple Frontera de nuestro país con Paraguay y Brasil.
La novedad histórica reside en que este será el primer proceso judicial en Argentina en que se aplicará la recientemente sancionada Ley de Juicio en Ausencia, aprobada por el Congreso a principios de 2025.
Esta herramienta legal permite que se juzgue a acusados que eluden comparecer ante la Justicia, como es el caso de los implicados en el atentado a la Amia, quienes jamás respondieron las órdenes de extradición ni ofrecieron colaboración alguna.
Rafecas, apoyado en un dictamen del fiscal Sebastián Basso y en el impulso de las querellas, firmó una resolución de 148 páginas que rechaza las objeciones presentadas por las defensas oficiales y enfatiza que estos acusados “saben perfectamente” que son buscados. No se trata de una simple ausencia: es una decisión política ocultarse y desafiar al sistema judicial.
Es un avance indispensable, que conlleva la imperiosa necesidad de que la causa Amia tenga alguna vez una resolución, luego de los escandalosos manoseos y procesos que embarraron, frenaron y obstaculizaron la investigación.
La impunidad alimenta la injusticia. La memoria de las víctimas y el derecho de sus familias a conocer la verdad y obtener reparación no pueden quedar a merced de la voluntad de quienes cometieron el crimen.
Además, se trata de un mensaje claro frente al terrorismo internacional: Argentina no renuncia a su soberanía judicial ni cede ante la inacción.
Este paso también permite reflexionar sobre una verdad amarga: cuando la Justicia se demora, se suele decir que no hay justicia.
La lentitud del proceso Amia, marcado por maniobras políticas, encubrimientos y falta de voluntad para llegar a la verdad, hizo de este caso un símbolo nacional del fracaso institucional.
Cada año que pasa sin condena erosiona la confianza ciudadana en el sistema judicial y debilita la promesa democrática de igualdad ante la ley.
Por eso, aunque este juicio llegue después de tres décadas, sigue siendo crucial. No sólo por las víctimas, sino por lo que representamos como sociedad: el compromiso inquebrantable con la memoria, la verdad y la justicia.
En nombre de quienes ya no están y de quienes exigen que esto no se repita nunca más.
