El femicidio que conmovió a la ciudad de Salsipuedes ha abierto una serie de interrogantes que arrojan dudas sobre el accionar de la Justicia provincial frente a este delito.
Carmen Aguirre tenía 38 años. Su esposo, Matías Aragone, de 44, la atacó con un cuchillo delante de las hijas de ambos luego de que la mujer le reclamara que dejara de beber porque estaba ebrio. Aragone la golpeó y comenzó a apuñalarla. Las niñas salieron de la casa en busca de ayuda, desesperadas.
Los testimonios aseguran que el móvil policial apenas tardó ocho minutos en llegar. Aguirre agonizaba. Aragone intentó atacar a uno de los agentes, que tuvo que dispararle porque no pudo disuadirlo. Un día más tarde, el femicida Aragone falleció. Una autopsia determinará las causas de su deceso.
Lo llamativo es que Aragone tenía pendiente un juicio desde 2019 en la Cámara Séptima del Crimen de los Tribunales provinciales. Lo promovía el fiscal de Violencia Familiar, por haber agredido a Aguirre: lo acusaba por “violación de domicilio” y “amenazas calificadas”. En la etapa preparatoria, en agosto de aquel año, un equipo técnico interdisciplinario especializado en violencia familiar concluyó que la mujer no corría riesgo.
Aquí surgen los interrogantes. Si hubo violación de domicilio, ¿no convivían? Si la pareja o expareja de una mujer viola su domicilio y la amenaza, ¿cómo se concluye que no representa un riesgo para ella? Aun si fuese correcta la estimación de que, en el momento de la evaluación, una mujer no corre riesgo alguno, ¿no corresponde algún seguimiento de la situación, para ver su evolución? ¿No amerita la preventiva entrega de un botón antipánico por posibles nuevas violaciones de domicilio? ¿No se impone ninguna medida sobre el acusado? Por ejemplo, además de prohibirle acercarse a la mujer y a su vivienda, imponerle la realización de un tratamiento psicológico para el abordaje de la violencia de género en la que ha incurrido.
En otro sentido, si el fiscal de Violencia Familiar había elevado a juicio la causa y se cumplió con su “etapa preparatoria”, ¿por qué no se realizó el juicio? Supongamos que no pudo iniciarse a fines de 2019 y que la pandemia impidió su realización durante gran parte de 2020. ¿Por qué no se lo concretó después? ¿Hizo la fiscalía algún reclamo? ¿Se tomaron algunas medidas, mientras tanto, para resguardar la seguridad de la mujer?
Desde aquella elevación a juicio de la causa pasaron cuatro años. Aguirre está muerta. De las primeras investigaciones posteriores al femicidio, surge que no existía ni siquiera una orden de restricción que le impidiese a Aragone acercarse al domicilio de la mujer. Nadie sabe si en algún momento volvieron a convivir. Y según fuentes judiciales consultadas por este diario, la causa ya habría prescripto.
Durante 2023, ya registramos 15 femicidios en Córdoba. Las estadísticas advierten que es muy bajo el porcentaje de las mujeres asesinadas que, previamente, se animaron a denunciar a sus victimarios. Aguirre fue una de ellas, pero de nada sirvió.
La Justicia tiene que revisar su forma de actuar frente a las denuncias por violencia de género.
