En el palacio español de Vistalegre, ante miles de asistentes al Foro Económico de Madrid, el presidente Javier Milei afirmó en junio pasado: “El Estado es una organización criminal y los impuestos son un robo”.
Intentando justificar ese maximalismo en su condición de jefe de Estado, aclaró que, hasta ese momento, el gobierno que encabeza había bajado impuestos en una proporción equivalente a dos puntos del producto interno bruto.
Aquella opinión del Presidente demanda ser considerada también desde otra perspectiva. La estimación de la presión fiscal sobre la actividad económica es una aproximación legítima para la evaluación del sistema tributario, tanto como la apelación más usual referida al impacto de los tributos sobre los precios. Suele utilizarse al respecto un ejemplo común: en Argentina, la carga impositiva sobre un auto nuevo representa más del 50% del precio final al consumidor.
Con menos frecuencia, en cambio, se alude a la sumatoria en términos no proporcionales, sino absolutos, de gravámenes, tasas y contribuciones que inciden sobre la operatoria diaria de una empresa. Y en especial, sobre las pymes, empresas pequeñas o medianas, con menor capacidad de acción frente al poder impositivo del Estado.
Según un estudio difundido recientemente por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), una pyme promedio queda alcanzada por 37 tributos distintos a lo largo de un año calendario. El informe propone observar cuántas veces se pagan impuestos durante el año y no sólo cuánto se paga. Cuando se cambia la perspectiva, puede advertirse con claridad la madeja del entramado fiscal que abarca distintos niveles y jurisdicciones del poder estatal.
En el período fiscal 2025, una pyme promedio no sólo estuvo alcanzada por esos 37 tributos. También debió atender 30 regímenes de percepción, retención e información por los cuales algún nivel estatal obliga a las empresas a actuar como agente de recaudación o a cumplir con obligaciones formales adicionales.
En todos los casos, para su operación inicial en el mercado interno, una pyme tiene que comprar insumos y vender productos alcanzados por el Impuesto al Valor Agregado (IVA), por Ingresos Brutos y por el Impuesto sobre los Débitos y Créditos Bancarios, más las tasas municipales vinculadas a inspección, seguridad e higiene. Si incursiona en el comercio exterior, se suman derechos de importación y exportación.
A ese esquema básico hay que agregarle las capas de tributación acumuladas en servicios, tenencia de activos, inmuebles, vehículos y provisión de combustibles. Y las obligaciones provenientes de la nómina laboral.
Según el Iaraf, 18 impuestos de los 37 computados son nacionales, ocho son provinciales y 11 son tasas municipales. Pero el dato más llamativo surge de la comparación con el ejercicio fiscal 2024: sólo hubo un gravamen menos, el impuesto Pais, que incidía sobre el valor del dólar, liberado del cepo cambiario para personas y aún vigente para empresas.
La disminución mencionada está lejos todavía de coincidir con el enfático objetivo enunciado por Milei en Madrid.
