Un manto de sospechas aún sin esclarecer, una investigación judicial en pleno desarrollo y cinco policías imputados y detenidos es lo que se puede valorar, por ahora, en la causa por la muerte de Guillermo Alberto Bustamante, ocurrida el pasado lunes en una estación de servicio ubicada en barrio Villa Páez, zona oeste de la ciudad de Córdoba.
Se sabe que el hombre fue a cargar combustible en horas de la madrugada y que se generó una situación confusa con el playero, presuntamente por el pago de la nafta despachada. El empleado llamó a la policía y una vez que llegó la patrulla al lugar se desencadenó un operativo que terminó en tragedia.
El episodio ha generado conjeturas que se asocian a otros casos similares, aunque sin puntos taxativos de comparación.
¿Hubo un exceso en el procedimiento policial por la férrea resistencia de Bustamante a ser detenido? Tras constatarse el deceso, ¿se puso en marcha una red de encubrimiento corporativo? Preguntas que deberá responder la investigación judicial en curso.
Con todo, y sin ánimo de abrir juicios apresurados, las imputaciones resueltas por el fiscal instructor de la causa, Guillermo González, son elocuentes aun en términos de presunción: “homicidio calificado por abuso de sus funciones en calidad de miembros de las fuerzas policiales en calidad de coautores” y, además, “encubrimiento agravado por sus condiciones de funcionarios públicos”. Un desafío mayúsculo en pos de llegar a la verdad frente a un caso de probable mano dura policial, que vuelve a colocar a la institución en una situación incómoda.
El recuerdo de otros episodios policiales de violencia institucional y procedimental con resultados trágicos (basta con evocar el crimen del joven de 17 años Valentino Blas Correa, ocurrido en agosto de 2020) reactualiza la controversia por la formación de los aspirantes a integrar la institución.
Se ha dicho, y vale la reiteración, que es de enorme relevancia educar y concientizar a los efectivos policiales sobre el respeto a los derechos humanos y acerca de la responsabilidad de no caer en abuso de autoridad, como se presume respecto del reciente procedimiento que se cobró la vida de un ciudadano y que derivó en una firme decisión del fiscal de la causa.
La capacitación ya no sólo de los aspirantes, sino de toda la tropa en actividad, debe ser rigurosa en los aspectos humanitarios. Deberes irrenunciables que exceden la función específica y que alcanzan a las relaciones parentales, a veces socavadas por violencia de género, según consta en la Justicia.
Como servidores públicos que portan un arma provista por el Estado, los miembros de las fuerzas de seguridad están sujetos a protocolos y a reglamentaciones que no deben ser vulneradas.
Es el Estado el que debe velar para que se cumplan las reglas. De lo contrario, es factible que asistamos a nuevos episodios que hundan en el dolor, la impotencia y la angustia a los familiares de las víctimas.
