Como si no fueran suficientes los antecedentes delictivos que acumula el Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC), se reiteran episodios que colaboran a degradar aún más su prestigio.
Esta vez, se descubrió que en algunos pabellones de la cárcel de Bouwer, ubicada pocos kilómetros al sur de la ciudad de Córdoba, los internos camuflaban teléfonos celulares, chips, cargadores, armas blancas tumberas y, como no podían faltar, cocaína y marihuana para consumo individual.
Lo grave y recurrente reside en la gran cantidad de elementos incautados durante un allanamiento ordenado por la Justicia de Córdoba en virtud de una denuncia anónima, al parecer formulada por un interno del penal.
El inventario de lo secuestrado provoca espanto y alimenta las sospechas sobre connivencias internas, como ya sucedió en otras oportunidades y por lo cual hay decenas de efectivos carcelarios presos (no sólo de Bouwer), incluidos empinados jefes del SPC.
Como dimos cuenta días atrás, la lista es abrumadora: 39 teléfonos, 17 chips, 11 paquetes de cargadores, varias fichas y cables USB, 10 baterías de iones litio, nueve fuentes de alimentación y otros tantos auriculares. A lo que hay que agregar 200 gramos de picadura de marihuana y 100 gramos de cocaína.
No encaja en el más equilibrado sentido común que semejante cargamento, con dispositivos de alta tecnología, haya sido descubierto en un presidio que, se supone, debe contar con rigurosos controles y medidas de seguridad.
¿Cómo y quiénes ingresaron la carga? Ese es el primer interrogante que se impone. A tenor de los hechos, la Justicia tiene otra vez la ardua tarea de investigar y de sancionar a los eventuales autores, internos y externos, sin limitaciones de jerarquías, además de buscar a los delincuentes que operan como una suerte de “abastecedores” desde el exterior del penal.
Son los mismos que, en complicidad con los presos, perpetran estafas mediante engaños vía telefónica o a través de los sistemas digitales que les habilitan los teléfonos inteligentes.
Y como resultado de este pesado contexto, las víctimas son ciudadanos y ciudadanas comunes que caen en la trama delictiva que se maneja con aparente impunidad desde los pabellones de la principal institución penitenciaria de la provincia de Córdoba.
Las autoridades políticas también deben involucrarse en la averiguación de este y de otros casos similares. El SPC parece haber tocado fondo y es hora de consensuar agendas libres de toda sospecha.
Es oportuno marcar que la logística criminal se suma a la situación de hacinamiento que se verifica no sólo en algunas cárceles de Córdoba, sino también en todo el país.
Si bien en el complejo de Bouwer se realizan obras de construcción de nuevos módulos a fin de descomprimir cierta saturación de sectores con escasa capacidad, de poco servirán las obras si queda pendiente el corte definitivo a la escalada de ilícitos que se operan con llamativa impunidad.
