Los planes de asistencia alimentaria que distribuyen el Estado nacional y los gobiernos provinciales son un perfecto termómetro para medir la crisis social en la Argentina. Una depresión que se viene agravando en los últimos años, pero que alcanzó niveles extremos a causa de la pandemia por el Covid-19.
La pérdida de miles de empleos por el cierre de cuantiosas empresas y de pequeños comercios de distintos rubros encuadra entre las consecuencias directas del derrumbe social que, entre otras contingencias, hizo trepar los niveles de pobreza al 42 por ciento. Sin embargo, el panorama se torna aún más complejo en tanto el derrumbe social repercute de manera directa en las necesidades alimentarias de gran parte de la población. En ese contexto, la crisis alcanza niveles de estupor cuando la falta de una nutrición adecuada golpea a la franja etaria más indefensa: la niñez.
Existen referencias elocuentes al respecto. Un informe difundido por el Instituto de Estudios Económicos sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral), de la Fundación Mediterránea, sostiene que, en las jurisdicciones más empobrecidas del país, la Tarjeta Alimentaria que distribuye el poder central alcanza a una cifra cernana al 40 por ciento del total de menores de 14 años.
La entidad coincide en que esta emergencia es fruto de la fenomenal desocupación, agravada por la escalada inflacionaria que se profundizó con la pandemia.
El sostenido incremento de la asistencia estatal, como la referida Tarjeta Alimentaria y la Asignación Universal por Hijo (a lo que habrá que sumar los numerosos planes de orden provincial) no son suficientes para garantizar una canasta alimentaria elemental en los hogares más pobres.
Nadie parece estar a salvo de una crisis que ha sumergido en la incertidumbre a millones de argentinos. La pobreza infantil es el costado más doloroso, y obliga a las autoridades de todo orden constitucional a encontrar las soluciones.
El notable incremento de los comedores comunitarios es un mensaje crucial en aquel sentido. Es inadmisible que en muchos casos los deberes que competen al Estado tengan como soporte a los generosos ciudadanos que de manera desinteresada dan de comer a mucha gente.
Parece toda una rareza: en la Argentina que alguna vez se jactó de ser el granero del mundo y que hoy conserva una riqueza ociosa en materia de producción alimentaria, 7,4 millones de menores de 14 años engrosan los índices de pobreza y más de cuatro millones de esa franja etaria no logran completar sus necesidades nutritivas.
Transitamos un año electoral y la clase política funge enfrascada en las roscas tendientes a lograr un lugar expectable en las listas de precandidatos. Por ahora, las propuestas brillan por su ausencia. Por caso, para revertir la pobreza que agobia.
El combate a la pandemia y el auxilio a quienes perdieron sus empleos y sus derechos elementales, como el acceso a la alimentación, deben ser un desafío para los aciagos tiempos que se avecinan.
