La suba de los precios de bienes y servicios se desaceleró en enero último al 20,6%, luego del pico inflacionario de 25,5% registrado en diciembre de 2023.
La inflación de febrero sería similar a la del mes anterior. Al reacomodamiento que aún se observa en alimentos y bebidas, este mes se sumaron alzas en el transporte, en combustibles, en la medicina prepaga y en comunicaciones, entre otros rubros.
La tolerancia de usuarios y consumidores hacia la gestión del presidente Javier Milei se pondrá a prueba en los próximos meses, ante la falta de un discurso claro y asimilable para gran parte de la sociedad sobre las medidas adoptadas para eliminar el riesgo de una hiperinflación.
El Presidente y buena parte de los principales funcionarios prefirieron en las últimas semanas acentuar la pelea dialéctica antes que la exposición serena y detallada de la herencia recibida y el impacto que aún permanece sobre las principales variables económicas.
Ese estilo de gestión, por momentos altanero, no contribuye a que la sociedad comprenda totalmente el porqué de las acciones emprendidas.
El principal flagelo de la sociedad –la inflación– aún no ha sido derrotado, mientras sigue la corrección de los precios relativos de la economía, los cuales fueron desfigurados durante las cuatro administraciones lideradas por el kirchnerismo.
Basta citar como ejemplos la pérdida de cabezas de ganado por el control del precio de la carne, que resultaba el alimento más barato en las góndolas, y el uso intensivo de la electricidad y del gas natural para refrigerar y calefaccionar hogares, mientras los usuarios más vulnerables estaban sometidos a precios altísimos por energías alternativas.
La reciente carta de la exvicepresidenta Cristina Fernández, por caso, no alude a las distorsiones generadas en los precios relativos por las políticas erróneas, que colocaron al país al borde de un caos económico y social.
Además, se declara propensa a financiar con emisión el déficit fiscal, que el país soportó en 113 de los últimos 120 años. De allí las sucesivas crisis que afrontó la Argentina.
Sin embargo, el discurso oficial está en deuda con la sociedad en cuanto a explicar la necesidad y la urgencia de las medidas adoptadas para tales correcciones, así como en alentar una competencia más amplia, que contribuya a una mayor oferta de bienes.
La gestión de Milei será evaluada por la lucha contra la inflación, más allá de la grandilocuencia de algunos gestos y tuits, que no incluyen, por ejemplo, una clara fundamentación sobre la urgencia de reducir el improductivo gasto público.
Una explicación fundada sobre quién financia cada gasto oficial contribuiría a ganar la batalla cultural que supone reducir la emisión oficial y derrotar a la inflación.
Sin ese cambio conceptual, la discusión por la suba o la baja de precios será inconducente y sólo favorecerá a quienes añoran el paraíso ficticio del pasado, que defienden algunos exgobernantes.
