Un gobierno argentino con Ley de Presupuesto aprobaba suele ser discrecional: otorga fondos especiales a las provincias afines y se los niega a las opositoras. Y cuando no tiene Presupuesto, es más discrecional todavía. Por lo tanto, los gobernadores, incluso los más afines al oficialismo, enfrentarán el año próximo una incertidumbre que no estaba en los planes.
Cada provincia había elaborado su propio presupuesto para 2022, y contaba para ello con ciertos compromisos del Gobierno nacional, cuando no de guiños o gestiones encaminadas para lograr alguna obra pública o un aporte extraordinario, más los periódicos regateos y ajustes sobre los subsidios a los servicios públicos.
Todo eso se esfumó cuando la sesión de la Cámara de Diputados que trataba el proyecto de Presupuesto terminó sin acuerdo entre oficialismo y oposición, en medio de una serie de acusaciones cruzadas que crisparon los ánimos.
El kirchnerismo acusó a Juntos por el Cambio de “voltear” el proyecto oficial. La coalición opositora responsabilizó a Máximo Kirchner de dinamitar un principio de acuerdo por el que se devolvía el dictamen a comisión para seguir estudiándolo.
Casi de inmediato, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, cuantificó el perjuicio económico que tendrían las provincias y dio por sentado que “deberán definir si rehacen sus presupuestos o si recortan gastos”. ¿Fue una amenaza, como interpretaron varios gobernadores que no son afines al Gobierno? La lapicera que firma las transferencias de fondos suele asegurarse, a cambio, votos en el Congreso.
Lo cierto es que los gobernadores oficialistas se reunieron en Olivos con el Presidente, y los opositores lo hicieron en las oficinas del jefe de Gobierno porteño. Unos abonaron la tesis kirchnerista y criticaron a la oposición. Los otros pidieron un presupuesto “realista y creíble” para reabrir el debate parlamentario.
Más allá de los discursos, unos y otros saben que el Gobierno prorrogará el presupuesto 2021 y lo actualizará como le parezca. De modo que las provincias sólo podrían estar seguras, en el mejor de los casos, de sus propias recaudaciones y de los fondos coparticipables. En otras palabras, la falta de presupuesto nacional pone entre paréntesis los presupuestos provinciales y, por extensión, los municipales.
Por ejemplo, los subsidios al transporte público de pasajeros estaban a punto de duplicarse. Las provincias tenían la expectativa de recibir mayores montos y, de esa manera, absorber futuros aumentos. Ahora, cuando las empresas pidan subir el boleto, las provincias que no quieran descargarlo en el usuario deberán afrontarlo con fondos propios.
El reciente manejo discrecional de los aportes del Tesoro Nacional a las provincias da una idea de lo que podría pasar el año próximo: entre las elecciones primarias y las generales, el Gobierno nacional repartió casi 15 mil millones de pesos entre 20 jurisdicciones. Excluyó a Córdoba, que no integra el oficialismo, y a las opositoras Mendoza, Corrientes y Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Todos, por igual, debieran comprender que esta dinámica política daña algo más importante que las economías provinciales: afecta la institucionalidad del país.
