Por primera vez en lo que va del siglo, el mercado de granos de nuestro país no tuvo que pagar retenciones a las exportaciones. La medida, que duró apenas tres días, tuvo tanto impacto que en ese breve lapso logró el objetivo inicial. Estaba prevista hasta el 31 de octubre próximo, pero el objetivo de recaudar siete mil millones de dólares por liquidaciones de divisas se cumplió en pocas horas. Y volvieron las retenciones.
Como era previsible, las dos novedades –la reducción a cero del impuesto y su explícita y muy acotada temporalidad– generaron amplio debate público, por su efecto inmediato sobre la marcha de las economías nacional y provincial.
La eliminación temporaria de retenciones sobre la totalidad del mercado de granos y exportaciones agropecuarias implicó un ingreso sustancial de divisas en momentos críticos para la política cambiaria. Y supuso para la economía provincial y regional la posibilidad de un flujo inédito de fondos libres de gravámenes para el sector privado.
Pero su temporalidad muy acotada conlleva ahora la continuidad de un régimen inconveniente, en un contexto de imprevisibilidad fiscal.
Los derechos de exportación seguirán ahhora en 26% para la soja en grano; 24,5% para aceite y harina de soja; 9,5% para el trigo; 9,3% para maíz y sorgo, y entre 4% y 5,5% para girasol.
La última vez que se había producido una rebaja en el gravamen fue durante la ventana temporal de febrero a junio inclusive, cuando el tributo fue reducido del 33% al 26% para la soja. Esa situación se prorrogó luego de la visita del presidente Javier Milei a la exposición rural de Palermo.
Se trata de los antecedentes inmediatos sobre la evolución de un gravamen que tiene una historia controversial en nuestro país, por su carácter distorsivo para la actividad económica y el financiamiento de las cuentas públicas del Estado nacional.
Basta recordar el alto impacto social y político que tuvo en su momento la discusión pública de la iniciativa de retenciones móviles propuesta en la resolución 125 del Ministerio de Economía de la Nación, en 2008, rechazada por el Congreso Nacional.
La economía de Córdoba tiene en el complejo agroindustrial un eje clave para su desarrollo y expansión, y la detracción de retenciones a las exportaciones generadas en el territorio provincial ha significado la resignación de recursos cuantiosos que van a financiar al Estado nacional.
Ese aporte sustancial no tuvo un retorno justo para la economía cordobesa, porque las retenciones son un gravamen que no está incluido en el régimen de coparticipación de impuestos.
De modo que cabe coincidir con las expresiones de las fuerzas sociales identificadas con los intereses colectivos de nuestra provincia.
Las expresiones iniciales de apoyo a la decisión tomada por el Poder Ejecutivo Nacional dieron paso, con la caída del beneficio, a la reafirmación del justo reclamo para que se avance pronto en la eliminación definitiva de las retenciones, a fin de iniciar un camino de reparación retributiva de los intereses provinciales.
