Es como un clásico de temporada, de esos que se reversionan año a año, pero siguen siendo más de lo mismo. La disputa entre la Nación y las provincias por el reparto de recursos se reedita cada vez que las vacas se tornan flacas.
Esa constante circularidad nos recuerda a los argentinos los errores y las falencias de un país donde casi todo está hecho a medias o a la medida de algunos pocos, o simplemente mal hecho.
Pese al enfático rechazo presidencial, bajo el argumento de la falta de ajuste del gasto por parte de las provincias, 22 distritos avanzan con un reclamo que ya tiene correlato parlamentario.
La demanda exige una mejor distribución de los aportes del Tesoro nacional (ATN), dado que esos fondos son aportados por las mismas provincias como porcentaje de su coparticipación y del Impuesto a los Combustibles.
Su destino –señalan los gobernadores– debiera ser las obras de infraestructura que no se realizan a causa de la parálisis de la construcción pública.
Son argumentos sólidos de uno y otro lado. Buena parte de las provincias incrementaron el gasto, en reiteración de una antigua práctica (tarde o temprano, la Nación siempre te salva); y, al mismo tiempo, nadie podría negar que el presente superávit fiscal es la consecuencia de una brutal restricción de pagos: tanto a las provincias como a los importadores, a la clase pasiva y al personal estatal, incluidos médicos y docentes.
Es un perfecto nudo gordiano, atado por demostraciones de irresponsabilidad y de conveniencias diversas durante 30 años de gobiernos que se sucedieron sin encarar lo que la Constitución de 1994 establece: la necesidad de un nuevo régimen de coparticipación que debe contar con el acuerdo de todos los involucrados. Es una tarea casi ímproba, si se recuerda que algunas provincias literalmente viven de un sistema que concede sin exigir nada a cambio –salvo ciertas acciones en Diputados o en Senadores–, con lo cual se perpetúan regímenes de atraso feudal.
Eso significa que nadie en su sano juicio quiere ceder lo que debería llegarle sin condiciones.
Claro que un sistema injusto no puede ni debe justificar otro sistema injusto. Ajustar el gasto a costa del dinero ajeno no parece ser una de esas soluciones que los manuales de economía recomiendan. Y empecinarse en no ver el bosque detrás de los árboles podría asegurarle al país una nueva catarata de juicios al Estado, que otra vez deberá laudar la Corte Suprema de Justicia de la Nación cuando lo considere adecuado o conveniente.
Es el derrotero de todos los conflictos en el paraíso de los problemas permanentes y las soluciones tardías.
En ese marco, pagan los platos rotos las obras no realizadas, lo que implica el deterioro de todo lo construido y plantado.
Ese concepto sí lo manejan los economistas y se llama “descapitalización”, aquí, allá y en todas partes. Huelga decir que las partes deberían sentarse a discutir y acordar para que alguna vez las circunstancias cambien.
