El Gobierno nacional tiene como objetivo rediseñar los programas sociales y establecer con precisión quiénes deben ser los verdaderos beneficiarios de los subsidios económicos y sociales, en el marco de una severa crisis económica.
En esa dirección, decidió dar de baja el plan Potenciar Trabajo, que alcanzaba a más de 1,2 millones de beneficiarios.
Esos beneficios eran gestionados, en su mayoría, por organizaciones sociales que establecieron quién era merecedor de la ayuda social, en una muestra de clientelismo político o ideológico.
La decisión del Ministerio de Capital Humano, que decidió dividir ese plan en dos nuevas prestaciones, es plausible.
Otra medida es la baja de los subsidios de aquellas personas que compraron dólares en el último trimestre, que poseen una prepaga para los servicios asistenciales o que viajaron al exterior, entre otras limitantes.
Si bien la medida también puede ser considerada como adecuada para orientar el subsidio a las personas vulnerables, la generalización no puede ser la clave de una política social justa.
Existen miles de argentinos que en los días previos al recambio presidencial, el 10 de diciembre último, decidieron comprar dólares para preservar sus ingresos, ante el temor de una fuerte devaluación, que finalmente ocurrió.
Hoy, es verosímil que gran parte de esos compradores haya decidido vender sus tenencias para hacer frente a los gastos del hogar y la compra de alimentos, entre otras necesidades.
También es verificable que buena parte de la sociedad decidió pagar los servicios de empresas de medicina prepaga, para asegurarse algunas prestaciones básicas en materia de salud, ante el colapso en los hospitales públicos.
En numerosos casos, la determinación obedeció a la baja calidad o la interrupción de los servicios de las obras sociales dependientes de las asociaciones gremiales. De allí la saturación que es posible observar en la actualidad en los centros de atención privada de la salud.
La tecnología, a través de la informática, ofrece hoy numerosas herramientas para establecer con precisión cuáles son los ingresos de una persona, en qué gasta su dinero, el uso que hace de las tarjetas de débito y de crédito o de una billetera virtual, qué servicios tiene contratados y con qué finalidad viajó al exterior, entre otras funciones.
El Estado podría coordinar la suma de estos datos para establecer si una persona debe ser beneficiaria de la ayuda social o bien qué otras áreas públicas pueden concurrir para sus necesidades básicas.
Todo esto es posible a través de la coordinación con los centros de información que poseen tales datos. En los países más desarrollados, el número de documento o el de la asistencia social permite verificar esa situación en minutos.
Argentina debe avanzar en ese terreno, para establecer con precisión niveles de ingreso y patrones de consumo que permitirán establecer políticas sociales más justas.
La generalización, aunque los rubros mencionados como parámetros suenen ostentosos, puede conducir a decisiones que echen por tierra la solidaridad que hoy necesitan millones de argentinos.
